El “putsch” del 5 de abril de 1992 no fue para derrocar a un presidente, como los que habíamos tenido en 1968, 1962, 1948 o 1930, para mencionar los del último siglo. Fue para que un presidente electo se deshiciese de una oposición parapetada en el Congreso y otros organismos públicos que, sobre todo, tenían que ver con la administración de justicia. El Congreso fue “disuelto” y el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Contraloría, entre otras instituciones públicas, fueron intervenidas por el Ejecutivo, reemplazándose a sus directivos.

El argumento con el que el entonces presidente justificó lo que pasó a ser llamado como el “autogolpe” fue que tales poderes y oficinas bloqueaban los esfuerzos del gobierno para resolver el desastre económico que había encontrado y para enfrentar a los grupos terroristas que venían cercando las ciudades con paros armados, coches bomba y asesinatos selectivos. Algo de ello sucedía. En su tramo final, los gobiernos salientes trataban de colocar en las oficinas claves de la administración pública a militantes o gente amiga que, a la vez que permitiesen a los exgobernantes mantener cierta cuota de poder, pudiesen protegerlos de los ataques judiciales del nuevo grupo en el poder. La administración de Alan García habría sido pródiga en ello, lo que pareció comprobarse cuando la Corte Suprema, unos meses antes del autogolpe, rechazó la acusación por enriquecimiento ilícito que lanzó contra él la fiscalía. En el Congreso, por su parte, se habían anulado decretos del Ejecutivo para enfrentar el lavado de capitales con que el narcotráfico estaría financiando a los grupos subversivos.

En vez de enfrentar a esta oposición con pactos y negociaciones, el presidente Fujimori optó por una salida radical y antidemocrática, como fue el autogolpe, explicando en su mensaje al país que la democracia, para ser tal, no debía reducirse a un método, sino que debía ofrecerle resultados concretos a la ciudadanía.

Si el autogolpe triunfó fue, sin embargo, por el apoyo de la población, que en un margen del 70% al 80% aprobó las medidas del 5 de abril, aunque exigió a su vez la elección de un nuevo Congreso. Este apoyo puede parecer extraño después de las duras medidas de “ajuste estructural” que, desdiciendo lo que se había ofrecido en la campaña electoral, se habían realizado en materia económica, y por el hecho de que el régimen de Fujimori tenía a esas alturas poco que mostrar. Para entender dicho apoyo es importante colocar el autogolpe en el contexto de 15 años de una crisis económica de la que se intentaba salir, y de al menos diez de la violencia provocada por el terrorismo. Un escenario que el historiador Rolando Rojas llamó el “Perú posvelasquista”, en un reciente conversatorio realizado en el Instituto de Estudios Peruanos a propósito del autogolpe.

La incesante inflación de los precios, con el consiguiente empobrecimiento de las personas, las colas para conseguir los productos básicos, el estado ruinoso de las pistas y locales públicos, el desempleo, los constantes apagones y, para las clases medias, la imposibilidad de adquirir una vivienda, puesto que del crédito hipotecario los jóvenes no conocían más que el nombre, eran la traducción que en la vida cotidiana de los peruanos tuvieron esos 15 años de decadencia económica y crisis política. Y explican el hartazgo de la población con los políticos “tradicionales” y la esperanza de que una maniobra dura, aunque ilegal, pudiese mejorar las cosas.

Los nueve meses de dictadura de que disfrutó el régimen entre abril y diciembre de 1992, y el debilitamiento de la oposición, cuyos partidos más representativos (el Apra y Acción Popular) decidieron abstenerse de participar en las elecciones al Congreso Constituyente Democrático, le facilitaron al gobierno el emprendimiento de reformas políticamente ásperas, como la privatización de las numerosas empresas públicas, la flexibilización laboral y el combate al terrorismo mediante fórmulas discutibles, como los procesos por traición a la patria en el fuero militar a cargo de jueces sin rostro. La captura de Abimael Guzmán en setiembre de 1992, aunque no hubiese sido resultado del autogolpe, en cierta forma lo santificó, y permitió que el bloque oficialista obtuviese una mayoría absoluta en el CCD que redactó la nueva Constitución.

La década de Fujimori sigue siendo objeto de evaluaciones en las que los términos calificativos suelen dominar. Sorprende que esto ocurra pasados tres decenios de los hechos, pero tiene que ver con la herencia política que dejó su gobierno, que hacen del fujimorismo algo vivo que, de momento, se resiste a ser historia. Ni Leguía ni Velasco, por mencionar a dos presidentes cuyos gobiernos desarrollaron reformas trascendentes, dejaron una herencia así.

El 5 de abril de 1992 hubo un quiebre de las reglas de juego democráticas (como también la hubo el 30 de setiembre del 2019, aunque en menor medida). Pero el debate sobre si las reformas que enderezaron la economía y la victoria contra el terrorismo se hubiesen podido lograr sin pagar esa factura nos acompañará por un buen tiempo con mucho vigor.

Carlos Contreras Carranza es historiador y profesor de la PUCP

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