Un año después

A poco de cumplirse un año del cierre del Congreso, quedan muchas aristas por discutir. El encolerizado clima que motivó la decisión presidencial, por cierto, no amainó después de la misma. Por el contrario, llevó a muchos a cuestionar desde la legitimidad legal e institucional de la disolución, hasta la funcional, habida cuenta de sus consecuencias (una nueva representación decidida a crearle problemas tanto al Ejecutivo como a la ciudadanía).

Sobre los aspectos legales de la decisión, hay poco que decir. El Tribunal Constitucional la sancionó como procedente y, por lo tanto, zanjó la controversia. Aún cuando el fallo no fue unánime (uno esperaría que ante una medida de este tipo las cosas estén claras para todos), la legalidad de este es inobjetable. Las consideraciones que algunos puedan hacer (si fue política, popular u otras), es una opinión vacía desde el plano jurídico, y de ahí que la narrativa “golpista” caiga en saco roto; servirá para alentar a algunas huestes, pero poco más.

En el plano institucional, por el contrario, hay mucho por discutir. Lo primero sería la necesidad (idoneidad, si prefieren) de actuar en dicha línea, y el precedente que deja. El mandatario, sabemos, estaba ‘facultado’ para tomar dicha decisión, no ‘obligado’ a tomarla. Y aun cuando estuviese absolutamente convencido de que sería sancionada como procedente, la sensación es que fue una decisión adoptada sin mayor debate. Es cierto que el Congreso actuaba de forma parecida: recordemos que horas antes, el pleno procedía contra el Ejecutivo sin consideraciones democráticas, impidiéndole al ministro Del Solar usar la palabra, votando a favor de la confianza (lo que, en principio, debió realizarse por la mañana), y así. Pero aun con todo ello, el cierre del Legislativo era una medida de alcance sideral, solo comparable con una vacancia presidencial. Las democracias no se construyen de la noche a la mañana, menos aun sin sobresaltos. Justamente, es en los momentos críticos en los que los resortes democráticos se ponen a prueba.

Finalmente, está el análisis funcional. El Congreso anterior, con una aplastante mayoría fujimorista, era el resultado de una elección libre y democrática, nos guste o no. Su desempeño, es cierto, fue penoso, confrontacional y vengativo, no solo contra los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, sino contra la ciudadanía en general. Para un sector político-ideológico, cerrar dicho Congreso era, más que una opción, una necesidad. Disolverlo, en dicha línea, fue funcional para ellos, pero no necesariamente para el país. Primero, por el precedente, y segundo, por los resultados del mismo: un Congreso elegido de manera apresurada, bajo un sistema de incentivos nefastos y que actúa sin consideraciones de representación. Hoy sufrimos los resultados.