Un fraude electoral anunciado, por Andrés Oppenheimer

La campaña oficial para las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre en Venezuela recién empieza, pero ya les puedo anticipar el resultado: salvo un muy improbable acuerdo en las negociaciones que están teniendo lugar en México para que el Gobierno permita una competencia más justa, la dictadura de Venezuela anunciará una victoria aplastante en la noche de las elecciones.

La pregunta es si este nuevo intento del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, para legitimar su régimen será validado por las misiones internacionales que observen la elección.

La Unión Europea, las Naciones Unidas y el Centro Carter, entre otros, han anunciado que enviarán misiones para observar las elecciones.

Pero hay muchos temores en círculos opositores de que algunas de estas misiones puedan darle a Maduro una gran victoria propagandística si emiten una declaración sobre las elecciones poco después de la votación que solo se refiera al recuento de votos, en lugar de evaluar todo el proceso electoral desde meses antes. El fraude probablemente no se dé tanto en las urnas como en las condiciones desiguales del proceso electoral.

Cuando le pregunté al líder opositor Juan Guaidó en una entrevista telefónica si existen condiciones para una elección libre, respondió que “hoy no hay condiciones”.

Guaidó, reconocido por Estados Unidos y varios otros países como presidente interino luego del fraude electoral de Maduro en el 2018, me recordó que el tribunal electoral de Venezuela todavía está controlado por Maduro, los partidos de oposición más grandes han sido intervenidos por el Gobierno, cientos de candidatos de la oposición han sido inhabilitados para competir, hay presos políticos y la oposición tiene poco acceso a los medios.

Cuando le pregunté si teme que las misiones electorales de la Unión Europea, la ONU y el Centro Carter ayuden a legitimar una elección fraudulenta, Guaidó dijo que espera que se focalicen en todo el proceso electoral, más que en lo que ocurra el día de las elecciones. De lo contrario, será “turismo electoral”, que deslegitimará estas misiones, agregó.

Existe el temor en los círculos de oposición de que el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el político del Partido Socialista español Josep Borrell, pueda validar una victoria fraudulenta de Maduro.

Borrell hizo caso omiso de un informe interno de su propio equipo técnico que recomendaba no enviar observadores a Venezuela, informó el diario “The Financial Times” el 12 de octubre. El periódico citó un documento interno de la oficina de Borrell diciendo que mandar una misión electoral a Venezuela “probablemente tendrá un impacto adverso en la reputación y credibilidad de (los observadores de) la UE y legitimará indirectamente el proceso electoral de Venezuela”.

La misión de la UE, de más de 70 miembros, está encabezada por Isabel Santos, una política del Partido Socialista portugués. Santos dijo días atrás que su misión no enviará observadores al estado de Amazonas “por razones de seguridad”.

Jennie Lincoln, directora de la misión de seis personas del Centro Carter en Venezuela, me dijo que su grupo se enfocará principalmente en las condiciones preelectorales y poselectorales.

“Analizaremos todo el proceso electoral, incluidas las descalificaciones de candidatos y partidos por parte del Gobierno, y las restricciones al acceso de la oposición a los medios de comunicación”, me dijo Lincoln.

Si eso es lo que harán las misiones internacionales, podría ser algo positivo para exponer al mundo el fraude electoral de Maduro y presionarlo a que –si quiere una validación externa– permita elecciones presidenciales libres y justas en el 2024.

Pero si ocurre lo contrario y los observadores extranjeros dicen algo que Maduro pueda utilizar como una validación internacional de su fraude, serán cómplices descarados de una farsa electoral.

–Glosado y editado–

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