Héctor Villalobos

Érase una vez un maestro de escuela que cobró una mediana notoriedad por encabezar una huelga que dejó sin clases a más de un millón de escolares durante varios meses. Con ese antecedente como único ‘mérito’ destacable de su pasado, decidió postular nada menos que a la Presidencia de la República. Como este es el país en el que lo improbable ocurre, meses después ocupaba Palacio de Gobierno.

Érase una vez una abogada que en la campaña electoral del profesor destacaba como una de las voces –aparentemente– moderadas en medio de una cofradía de radicales. El tiempo y el poder develaron su verdadero rostro y quien fungía de mesurada política resultó ser más extremista y recalcitrante que muchos de sus antiguos aliados.

Érase una vez un catedrático que integró la CORE fujimorista de San Marcos, pero que vivió los siguientes años colgado del antifujimorismo. Cuando alcanzó el poder, lo usó para sembrar mensajes de odio y división entre peruanos. La prensa alternativa fue el principal parlante difusor de los graznidos que auguraban ríos de sangre y otras desgracias para el país.

Los destinos de los tres protagonistas de esta historia se juntaron y el 7 de diciembre del 2022 decidieron confabular y gestar lo que será recordado como el más bobo de la historia. Pero como la torpeza y la sandez no son ni debieran ser circunstancias atenuantes para la justicia, esta semana el Ministerio Público presentó formalmente la acusación penal por rebelión y otros delitos contra ,, y otros cinco involucrados en aquella intentona, más digna de figurar en un libreto del recordado Chespirito que en un libro de historia.

El golpe que lo convirtió por unos minutos en un dictador de comedia de situaciones y el mensaje que balbuceó ese día, plagado de amenazas contra las instituciones del Estado, puede costarle a Castillo hasta 34 años de cárcel, que es la pena que ha solicitado la fiscalía. Para su incondicional PCM Betssy Chávez, se han pedido 25 años de condena. Torres parece haber salido mejor librado, pues para él se han requerido solo 15 años de pena. En opinión del penalista Andy Carrión, esta diferencia puede deberse a la edad del expresidente del Consejo de Ministros, quien el pasado diciembre celebró en libertad sus 81 años.

A los golpistas del 7 de diciembre les ha tocado recibir el contragolpe de la justicia y del Estado de derecho. Su destino está ahora en manos del Poder Judicial. Tras la etapa del control de acusación vendrá el juicio oral. Los acusados aprovecharán los meses que vienen para tratar de contar la historia a su manera e insistir en la narrativa fantasiosa de que Castillo fue la víctima de lo que él mismo perpetró. Posiblemente el autodenominado “presidente secuestrado” diseñará, con la ayuda de sus defensores, una nueva estrategia legal y mediática para evitar la prisión. Y posiblemente lo haga con la misma sagacidad con la que planeó su golpe de Estado.

Héctor Villalobos es Editor de Política