Carlos Basombrío Iglesias

El 1 de abril, después de una serie de protestas sociales a nivel nacional que pocas veces se habían visto contra gobierno alguno desde julio de 1977, Huancayo estalló contra y Perú Libre. El 5 de abril, asustados por más protestas, el Gobierno ordenó encerrar a diez millones de limeños y chalacos, lo que terminó en un enorme movimiento de desobediencia civil. Esa tarde, como pollo sin cabeza, Pedro Castillo pidió que lo recibieran en el para buscar sabe Dios qué y, cuando le avisaron de que las movilizaciones eran muy grandes y estaban muy cerca, huyó a Palacio dejando a sus ministros a cargo de algo que no sabían qué era.

Por esos mismos días, pasaron a la clandestinidad los sobrinísimos y el ex secretario general. La fiscal, con nuevas evidencias, argumentaba que Castillo era la cabeza de una organización criminal en un esquema de corrupción que apuntaba a los proyectos de inversión del sector Transportes y Comunicaciones.

Su situación se había vuelto terminal, pero ¿por qué no termina?

En primerísimo lugar, por la actuación de la mayoría de congresistas que, siempre con un ojo puesto en su estabilidad laboral, trató el momento político como si fuese solo una de Gabinete y después fue bajándole la temperatura hasta llegar casi a un “aquí no pasó nada”. Mejor no quemar balas de plata y, por ahí, censurar a un par de ministros para aparentar que algo se hace. Que los seis ‘niños’ de Acción Popular estén ya bajo investigación del fiscal de la Nación no parece ser un tema que los perturbe.

El Congreso ha ratificado la semana pasada que es parte esencial del problema. Ahí está la ley contra la Sunedu que busca favorecer a las universidades fachada. Acabaron con la perspectiva de género en Educación que busca prevenir el machismo en un país de horrendas violaciones. También, aprobaron la demagogia cortoplacista del sexto y más grande retiro de fondos de las AFP y de prolongar el retiro del 100% de la CTS.

Por su lado, Castillo, demostrando ser el epítome de la criollada (la peor forma de ser peruano), logró ganar tiempo para que las aguas bajaran del nivel de su nariz hasta el cuello. Su ‘mea culpa’ debe de haber sido esmerado para convencer sobre su voluntad de enmienda a personas no solo honorables, sino también muy inteligentes.

No estaba en sus planes, no al menos en los inmediatos, cambiar al indescriptible Aníbal Torres. Lo quiere ahí mientras le sea útil para su objetivo político único: durar para ver si puede, a través del enorme poder que le da la presidencia, trabar la acción de una justicia que ya lo cerca.

La propuesta de un referéndum para una asamblea constituyente ha sido un hábil divertimento para ganar tiempo. Los Consejos de Ministros descentralizados son operativos de propaganda para lo mismo. Ofrecen de todo y casi para ayer. En el de Cusco, pidieron una tregua de seis meses para “implementar los acuerdos”; les dieron solo dos y dijeron: “ah, ok, no hay problema”. Ganar dos meses es más que ninguno, se deben de haber dicho.

Castillo sigue con el agua hasta el cuello y el desgobierno se manifiesta en múltiples escenarios, pero ahí sigue.

El grotesco y evidente fraude que fue su tesis de maestría ratifica que, como buen criollo, las normas solo hay que cumplirlas cuando no hay otra alternativa.

“Panorama” ha demostrado que fue plagiada en casi el 100% de su parte medular, que estuvo basada en una encuesta con preguntas que no tenían que ver con el tema, que fue validada por dos fantasmas a los que les inventaron hasta las firmas, que el supuesto asesor niega haberlo sido y que lo hicieron con el objetivo de ganar más dinero, engañando al Estado.

Hay varias posibilidades, todas ellas inquietantes: ¿fueron ellos los autores directos del esperpento? ¿Contrataron a terceros para que la escriban? Incluso, podría ser que hacerles la tesis fuese también parte de la ‘gentileza’ de una universidad que les facilitó una maestría exprés y a domicilio. Ayuda a esta hipótesis que uno de los beneficiados dice no recordar, siquiera, cuál fue el tema de su tesis.

En cualquiera de las variantes, estamos ante un hecho abominable que, en un país serio, implicaría que el cargo se perdiera en el acto, ya sea por renuncia o por incapacidad moral.

Es tan obvio el fraude que cuesta entender que la universidad requiera de 15 días para verificarlo. Dada la historia de César Acuña, quedan dudas sobre la pulcritud de las “investigaciones”. Tienen, eso sí, la oportunidad de mejorar su imagen actuando correctamente. Y a Beatriz Merino, la presidenta ejecutiva de la universidad, le toca defender una imagen de probidad y respeto hacia la calidad académica de toda una vida.

¿Logrará el país librarse de este “criollazo” que ya tantas nos ha hecho? ¿O el silencio de las calles y la conveniencia del Congreso nos mantendrán en este equilibrio catastrófico?

Carlos Basombrío Iglesias Analista político y experto en temas de seguridad

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