¿Una reforma imposible?

Es claro que hay una crisis de representación y una serie decisiones de la legislatura se cuestionan por diversos motivos. Martin Hidalgo sugirió en este Diario medidas para evitar que el Congreso se convierta en una agencia de empleos a costa de los peruanos. Se indicó que una posible salida sería que el personal de los legisladores señalados por ‘mochasueldos’ “pasara al control del servicio parlamentario en tanto duren las indagaciones.

Es decir, que dichos trabajadores realicen labores de apoyo al Departamento de Comisiones, porque el salario de cada trabajador no depende del bolsillo del congresista, sino del presupuesto del Parlamento”. Concuerdo con la propuesta, pero quiero discutir aquí que el problema central para implementar medidas efectivas no está en su contenido, sino en el entorno en el que se ejecutan.

Muchas medidas se quedan en la lista de propuestas sin ejecutarse debido a aspectos estudiados por la economía política de las reformas que enfatizan las dificultades en la implementación (Grindle 20024). Así, es claro que lo complejo en corregir el actuar del Legislativo radica en su autorregulación. Que el presupuesto y toda mejora del Congreso pase por la evaluación y el voto de los legisladores implica mirar a fondo aquellos factores que explican las decisiones legislativas.

En teoría, el riesgo a no ser reelecto o perder popularidad y respaldo harían que un legislador se preocupase por mantener cierto desempeño, basándose en lo que Mayhew (2004) llamó la “conexión electoral”. Sin embargo, nuestra realidad es distinta a la estadounidense. Mientras el ejecutivo y el legislativo del país norteamericano son disputados por republicanos y demócratas principalmente, en el Perú se avecina una competencia electoral con más de 30 organizaciones políticas. Además, las tasas de reelección bajas, sumada a la ausencia de políticos que hacen carrera en partidos programáticos, hacen que un congresista tienda a comportarse de manera cortoplacista, maximizando rentas o beneficios individuales en lo inmediato, con un claro sesgo hacia el presente.

Para que medidas como la sugerida o aquellas que ayuden a profesionalizar el servicio parlamentario y de asesores (como concursos abiertos, meritocráticos y transparentes que reduzcan la excesiva discrecionalidad) se implementen, se requiere un cambio en la estructura de incentivos. La motivación intrínseca no es suficiente, pues la experiencia muestra que no podemos esperar que la búsqueda del bien común o las preferencias expresadas en encuestas de opinión guíen a los legisladores. Vemos un Congreso que aprueba reformas contrarias al 91% de peruanos que creen en la meritocracia en la educación y a los cerca de seis de cada diez peruanos que creen que Servir debe ser fortalecida (Ipsos 2024). En consecuencia, se requieren incentivos extrínsecos: maneras de presionar desde afuera para que el costo de las decisiones nocivas sea más alto para quienes toman las decisiones. Esto exige mayor conciencia, vigilancia y acción ciudadana.