Urgencias, prioridades y la economía política; por Roxana Barrantes

Si la economía se moviera sola, y no fuera realmente una economía política, sería muy sencillo hacer una lista de prioridades en el frente económico para el próximo gobierno. Vacunación universal, estabilidad macroeconómica, apoyo a los más vulnerables, programa de empleo masivo y el soporte crediticio para las empresas sería el mínimum minimorum. Esta es la lista de prioridades de las cuales ya deberíamos estar hablando y recibiendo mensajes claros por parte del gobierno entrante y del nuevo Poder Legislativo.

Esta es una relación de urgencias. Pero la agenda de un gobierno entrante tiene que ir más allá de estas. Se inaugura un periodo de gobierno de cinco años que comienza en medio de dos constataciones que tienen que tomarse en cuenta. De un lado, está la debacle en la provisión de servicios públicos básicos. De otro lado, se encuentra el anunciado cambio en la orientación económica del nuevo gobierno.

La pandemia ha puesto sobre la palestra dos grandes carencias que los gobiernos durante tres décadas de crecimiento económico orientado por el mercado, la inversión privada y el rol subsidiario del Estado, nunca abordaron con liderazgo y firmeza, como son la salud y educación. Algunos dicen que tal desastre era de esperar de la economía neoliberal. Otros decimos que faltó liderazgo político para universalizar, sobre la base de una provisión pública de calidad, el acceso a la salud y educación de calidad.

Entonces, agrego dos políticas públicas urgentes a la lista de prioridades para el gobierno entrante. Es urgente, prioritario e imprescindible una reforma profunda en el sistema de salud que priorice el primer nivel de atención y asegure que todos los peruanos tengamos acceso al servicio. Asimismo, nuestro país necesita trabajar de manera más intensa para mejorar la calidad de la educación pública y superar las brechas territoriales, fortaleciendo la carrera pública magisterial, por ejemplo. En “Propuestas del Bicentenario” (2021), se puede encontrar planes detallados, tanto en medidas de política pública como en plazos de implementación, en estos dos frentes.

Estas dos reformas tienen altos costos y, en ambos casos, es con dinero público que tendrán que ser implementadas, porque se trata de garantizar el ejercicio de los derechos a la salud y a la educación. Pero el 14% de presión tributaria de nuestro país no alcanza. Los países que destacan por sus sistemas de salud y educación tienen presiones tributarias por encima del 40% como porcentaje del PBI, logrados con años continuos de aumento del gasto público.

Este producto en la recaudación fue logrado como resultado de reformas en la representación democrática, tal como aprendemos de la lectura del excelente libro de Peter Lindert “El ascenso del sector público” (FCE, 2011). No fue solamente voluntad tecnocrática sino mejoras fundamentales en la representación política a las que se puede agradecer por dichos logros en salud y educación: ciudadanos que encuentran en sus representantes elegidos en votaciones un canal para que su voz se escuche y moldee así la toma de decisiones de quienes están en el poder.

Aquí entra a tallar la segunda realidad que debemos enfrentar ahora: se avecina un cambio en la orientación económica (sea, o no, con nueva constitución). Necesitamos discutir los cambios que será posible hacer en vista de la correlación actual de fuerzas en el Poder Legislativo, es decir, la economía política. Cambios, a su vez, que representen el mínimum minimorum, de tal modo que afecten lo menos posible a la inversión, que es el motor fundamental para crecer económicamente.

Como país, necesitamos más recursos para atender las reformas impostergables en salud y educación. Ello no se logrará solo con endeudamiento público o agregando a las cuentas del Tesoro los recursos que provengan de renegociaciones de contratos. Ambos mecanismos podrán ser útiles en el corto plazo, pero son insostenibles.

La sostenibilidad del crecimiento económico proviene, entre otros factores, de la confianza sobre la protección de los derechos de propiedad, la seguridad jurídica y las instituciones que garantizan el funcionamiento de los mercados. Es momento de fortalecer a la Junta Nacional de Justicia, a los reguladores y supervisores, y reafirmar la independencia y autonomía de otros, como la SBS. Con ello, podremos dar los primeros pasos hacia una necesaria reforma tributaria.

La urgencia para la economía es ahora fortalecer la economía política y lograr los acuerdos y la confianza que fundamenten el crecimiento económico para la mejora de la salud y educación. Parafraseando a Saint-Exupery: lo urgente es hoy también lo importante.