La vacancia es un asunto político, por Fernando Rospigliosi

PARA SUSCRIPTORES: Usted es la culpable, usted es el culpable, una crónica de Fernando Vivas

En tercer lugar, ponen en evidencia lo que ya se sabía: Vizcarra carece de escrúpulos, no tiene lealtades con nadie y traiciona con gran facilidad a cualquiera.

La difusión de los audios ha provocado inmediatamente un pedido de vacancia presidencial y la mayor parte de la discusión se ha centrado en los aspectos legales; es decir, en si los presuntos delitos cometidos por el presidente son causales de vacancia o no. Esa es una discusión sin sentido. La vacancia es un asunto político y no legal. La Constitución es ambigua adrede –y está bien que lo sea– en este tema.

Las causales para la excepción a la inmunidad presidencial están claramente establecidas en el artículo 117 de la Constitución y, de acuerdo con el mismo, los delitos que habría cometido Vizcarra no están comprendidos en él. Desde ese ángulo, no hay motivo para destituirlo. Tampoco se hubiese podido vacar a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) –renunció antes de la votación– si se aplicaba en su caso. Y aquí Vizcarra sí complotó, como se demostró después, con la oposición de ese momento para deponer a su jefe, que lo había llevado de un oscuro cargo regional a las ligas mayores de la política.

Sin embargo, el artículo 113 de la Carta Magna permite la defenestración del presidente por “permanente incapacidad moral”, que es una definición ambigua en la que caben muchas cosas. Incluyendo, por supuesto, las bribonadas que se escucha tramar a Vizcarra en los audios.

El punto es que la “incapacidad moral” es una válvula de escape constitucional para resolver una crisis política en el marco del sistema democrático. Cuando la presión es muy fuerte y la caldera puede explotar, esa válvula permite descomprimirla y evitar el estallido del régimen democrático.

Así ha funcionado en América Latina desde la década de 1980, cuando los EE.UU. y la comunidad internacional prohibieron los golpes militares, que eran el mecanismo usual para resolver crisis políticas. Más de una docena de presidentes han sido vacados o forzados a renunciar en la región de esa manera, siendo reemplazados siguiendo –más o menos– las reglas de juego legales.

Al final, la cuestión se resuelve con los votos del Congreso, que puede destituir o mantener en el cargo a inocentes o culpables. Es un juicio político, con criterios políticos, en el que los argumentos legales se usan como un arma arrojadiza por los contendientes.

El punto ahora es si le conviene al país vacar a Vizcarra a solo siete meses de las elecciones, en un período en el que ya se destituyó a un presidente y en medio de una espantosa crisis sanitaria y económica.

No cabe duda de que el desempeño de Vizcarra ha sido pésimo, pero, ¿se puede esperar algo mejor de un Gobierno del Congreso?