¡Vacúname, 2021!, por Fernando Vivas

Quiero llegar al bicentenario vacunado, pero no sé cuántos peruanos lo lograremos. Por supuesto que no es lo único que quiero, pero a este afán se opone la esencia de las trabas del Estado: un paquete de reglas y miedos que han institucionalizado la desconfianza.

La corrupción, primero, y la lucha contra la corrupción, después, han elevado la desconfianza al punto que las pocas decisiones que se toman son esquivas o negativas: no firmo contratos, tacho gente, vaco presidente, disuelvo Congreso, me abstengo en la votación para evitar que se apruebe la ley sobre la que no estoy seguro o creo una comisión de trabajo para que proponga qué voy a decidir luego. O sea, no decido nada y pateo el problema para adelante, azuzo, meto carbón, dribleo, evito, floreo.

Priorizo la vacuna porque es lo más cercano a una solución a nuestro drama principal, la pandemia. No se firmó el contrato con Pfizer –según he podido averiguar conversando con autoridades– porque no se aceptó una cláusula que pedía que el Perú, en el caso que perdiera un arbitraje internacional con el laboratorio, se allanara a que este se cobre con activos peruanos en el extranjero. O sea, la empresa estaría facultada hasta a embargar las cuentas de nuestras embajadas.

Admitamos que es una cláusula abusiva, claro que sí. Pero, ¿cómo es posible que el Perú no haya copiado las estrategias de los otros países que sí han firmado esos contratos? No sabemos si ellos se tragaron esos sapos o negociaron tan bien que los sacaron del contrato; pero ante el panorama sombrío de segundas y terceras olas, ya tienen, al menos, lotes para vacunar a sus cuerpos médicos y a parte de su población vulnerable, mientras llegan más y mejores vacunas.

Ah, porque hay que reconocer que la de Pfizer es una vacuna que, por tener que conservarse en frío extremo, plantea muchas limitaciones para su traslado. Ya se ha dicho que solo se usaría en Lima, lo que generaría un lamentable desfase con las regiones. Pero valía la pena el esfuerzo, mientras se aproxima el resultado de otros tratos directos y el reparto de Covax Facility.

Es cierto que la inestabilidad política complotó contra la firma, claro que sí; pero, caray, los funcionarios debieron negociar teniendo como prioridad la vida y no su ‘accountability’ respecto al manejo de recursos del Estado.

He ahí la cuestión: ¿cómo exigirle a ese funcionario que tome una decisión por la que muy probablemente lo vamos a perseguir luego con fiscales, contralores y congresistas? Esta institucionalización de la desconfianza ha judicializado, pues, hasta a las políticas públicas destinadas a salvarnos la vida.

Quiero en el 2021 estar vacunado contra el COVID y contra el exceso de desconfianza que impide que el Perú se mueva para adelante.