La vía paralela, por Jaime de Althaus

En una fabulosa carrera contra el tiempo, dos grandes edificios, cuya construcción aún no ha comenzado, tendrán que estar listos antes de octubre del próximo año, cuando vendrán a Lima miles de funcionarios a participar en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esos edificios, interconectados, son un centro de convenciones sumamente sofisticado con capacidad de albergar a 10 mil participantes, y el Banco de la Nación, que tendrá 135 metros de altura –el más alto del Perú– y un helipuerto arriba.

Para llegar a tiempo y considerando la complejidad de los proyectos, el Gobierno encargó los procesos de licitación y ejecución a la Organización Internacional de Migraciones (OIM), que trabajan con sus propios procedimientos, al margen de la legislación nacional. El presidente Humala justificó la utilización de estos organismos internacionales, pese a haberlos denunciado años atrás con el siguiente argumento: “Hoy día los mecanismos que tiene el Estado son muy burocráticos, hay una serie de pasos que, probablemente, muchas obras se demorarían mucho en hacerse si no se utilizan estos métodos”. Y resulta que durante este gobierno el monto que se ejecuta mediante estos organismos se ha triplicado.

La reacción inmediata ante tamaña confesión es, por supuesto: ¿qué espera el Gobierno para desburocratizar el Estado a fin de no tener que recurrir a dichos organismos? ¿O es imposible? ¿Qué falla en el Estado Peruano? ¿Qué es lo que se quiere evadir usando esta vía paralela?

Es simple: lo que se quiere evitar es el efecto paralizante de la contraloría. Como se trata de tomar decisiones respecto de asignación de dineros públicos incluso ante imponderables o situaciones no previstas, los funcionarios del Estado sencillamente no las toman, ante el riesgo de que sean objetadas irracionalmente por auditores que no entienden el tema y con consecuencias eventualmente penales. Las historias son miles, a cual más absurda que la otra. El gerente del tren eléctrico, por ejemplo, afronta un proceso por haber autorizado una ampliación de presupuesto ante la necesidad de reforzar las columnas para la eventualidad de un sismo de 9 grados.

Los organismos internacionales, en cambio, no están sujetos a la fiscalización de la contraloría, pero sí le informan y tienen veedurías internas inteligentes y efectivas. Quienes deciden no tienen miedo.

Una segunda razón se refiere a las normas de la Ley de Contrataciones, que, por un lado, permiten que las impugnaciones puedan dilatar mucho los procesos y, por otro, impiden evaluar los mal llamados “aspectos subjetivos” tales como  mejoras en los términos de referencia, innovaciones tecnológicas, calidad arquitectónica, etc. Es decir, todo aquello que agrega valor a una propuesta. Las normas solo permiten evaluar la experiencia de la empresa y de los profesionales propuestos. Así es imposible licitar una obra compleja.

En resumen, es conveniente seguir acudiendo a los organismos internacionales para licitar y ejecutar obras mientras no tengamos una reforma profunda de la contraloría, de las normas de control y de la Ley de Contrataciones.