No estamos todas

Imagina que un día tu hija adolescente no regresa a casa. Llamas a sus amigas, a sus compañeras, a toda tu familia, pero nadie sabe nada de ella. Desesperada, acudes a la policía a interponer una denuncia que te ayude a encontrarla y como respuesta recibes un “no se preocupe, señora, seguro se fue de fiesta con su enamorado, ya regresará”. Esta es la realidad que cada día viven miles de madres en el Perú. Y es que, en el 2023, 10.817 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el país, la mayoría de ellas menores de edad.

Según cifras oficiales, aproximadamente solo un 50% aparece. Es decir, miles de mujeres aún no han sido ubicadas. En Amnistía Internacional hemos registrado diferentes obstáculos que enfrentan las familias desde que acuden a interponer la denuncia por la desaparición de su familiar, pero también en la fase de la investigación policial y fiscal. El caso de Solsiret Rodríguez, desaparecida en el 2016 y víctima de feminicidio, es un claro ejemplo de la falta de debida diligencia en todas las etapas (su madre, Rosario Aybar, sigue luchando por una sentencia justa contra los responsables de la muerte de su hija) e ilustra el doloroso y arduo camino que muchas familias enfrentan ante la inoperancia de algunas autoridades.

Pero ¿por qué se reportan cada día al menos la desaparición de 30 mujeres en el Perú? Un reciente diagnóstico sobre este problema presentado por el Ministerio del Interior revela que cerca del 26% de los casos están vinculados con algún delito, como la libertad personal, la violencia sexual, la violencia de género, la trata o el feminicidio. De hecho, según la Defensoría del Pueblo, al menos el 20% de los casos de feminicidio estuvo precedido por un reporte de desaparición. Si bien estos datos nos dan una clara señal del contexto de violencia en el que se encuentran las mujeres y de la importancia de una búsqueda célere, los avances en los protocolos de búsqueda son limitados.

En el 2020 inició el funcionamiento del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y en el 2022 la desaparición de mujeres se reconoció como una forma de violencia de género, punto especialmente importante si tenemos en cuenta los datos expuestos y que el 34% de las mujeres que desaparecen habían sido previamente atendidas en un Centro de Emergencia Mujer (CEM). Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Reniped) registra actualmente el número de personas que aparece, lo que aporta algunas luces sobre lo que viene sucediendo.

No obstante, frente a la magnitud del problema (miles de mujeres desaparecidas), los cambios son insuficientes. Desde Amnistía Internacional hemos identificado dos problemas que persisten. La ausencia de una búsqueda célere, que considere el contexto de violencia en el que se encuentran las mujeres, y que, por ende, incorpore los enfoques de género, derechos humanos e interseccionalidad; y la falta de una respuesta interinstitucional, que reconozca las responsabilidades y posibilidades de acción de los actores que participan del sistema de búsqueda.

En este marco, es necesaria una capacitación con enfoque de género y derechos humanos de todos los funcionarios que participan en la recepción de denuncias e investigación de casos de desaparición de mujeres, que considere la multiplicidad de herramientas y diligencias disponibles para una respuesta célere y eficaz, que resulte en la pronta ubicación de la persona desaparecida.

Asimismo, es clave una respuesta integral e interinstitucional, tanto en la búsqueda como en la adecuada atención de las personas que han sido ubicadas, salvaguardando su integridad. Un caso, lamentablemente trágico, ejemplifica la importancia de este punto: en Loreto, una adolescente huyó del hogar donde presumiblemente era abusada de manera sexual. La familia denunció la desaparición de la menor. La policía la ubicó y la regresó al hogar. Al día siguiente, la menor apareció muerta.

Por ello, una vez que una mujer es ubicada, una coordinación y una respuesta integral que implique la atención en un CEM, un peritaje psicológico, un informe psicosocial y coordinaciones esenciales que garanticen su integridad son fundamentales.

Pero no quiero terminar sin ir al fondo de la principal causa de la desaparición de mujeres: el machismo imperante y el convencimiento que tienen muchos hombres de que las mujeres les pertenecen. A pesar de este escenario, en el último año hemos visto un deterioro de las políticas de género, desde el debilitamiento de la educación sexual integral, fundamental para garantizar la igualdad y el respeto desde las escuelas, o la prohibición de utilizar lenguaje de género en las políticas y escuelas que pretende invisibilizar a las mujeres, hasta intentos de convertir el Ministerio de la Mujer en el Ministerio de la Familia, relegando a las mujeres a un rol puramente reproductor.

No podemos ser ajenas al dolor de miles de familias que buscan incansablemente a sus hijas, madres, hermanas o amigas. Tampoco podemos ser ajenas al dolor de miles de mujeres que han visto truncados sus proyectos de vida. El Estado debe seguir buscándolas e impulsar cambios urgentes en los procesos, luchando decididamente contra el machismo.