Ahora es cuando, por Fernando Berckemeyer

Desde hace un tiempo el presidente Martín Vizcarra vive una situación en la que no ha estado un presidente peruano por mucho tiempo ya: tiene poder para hacer cambios importantes.

No solo ha despejado su camino del principal obstáculo que tenía al frente cuando asumió (un Congreso prepotente y malintencionadamente manejado); sino que tiene ahora detrás una gran fuerza para apoyarlo (la de la mayoría de la opinión pública).

Las dos cosas son mérito suyo en la medida en la que no hubieran sido posibles sin su aprovechamiento, a la vez astuto y audaz, de la crisis que empezó con el escándalo ‘Lava Juez’, en la que supo reconocer su oportunidad (digo esto al margen de lo que ha hecho el Poder Judicial con el tema de los supuestos lavados de activos).

La pregunta desde hace un tiempo viene siendo qué hará Vizcarra con ese poder. Es decir, si intentará solo conservarlo o si estará dispuesto a gastarlo en cambios reales, que apunten a dejar al país en un cauce diferente de aquel en el que lo encontró.

Porque el cauce en el que lo encontró no tiene buena dirección. El año pasado produjo una noticia que debería estar tallada en la mesa del Consejo de Ministros, hasta que se revierta. Por primera vez en lo que va del milenio el Perú no solo dejó de reducir pobreza, sino que la aumentó.

Si alguna vez se pudo hablar de un “piloto automático” que trabajaba a nuestro favor, este ya no está. Se necesitan cambios. Y el sentido de esos cambios no debería de ser un misterio. Este año, por ejemplo, el país volvió a perder puestos en el Índice Global de Competitividad, figurando en algunas categorías cruciales entre los estados peor ubicados. Por ejemplo, en lo que toca al peso de las regulaciones burocráticas sobre el sector privado, estamos en el puesto 128 de los 140 países medidos. Ese dato solo muestra qué tan relativo es que podamos considerarnos una economía “libre”.

Es difícil sobreestimar el tamaño de la carga que lo mencionado supone sobre cualquiera que intente hacer empresa exitosamente en el Perú. Hace poco, Roberto Abusada estimaba en estas páginas que una empresa de 30 trabajadores debe dedicar a lidiar con los trámites estatales el equivalente al tiempo completo de 6 de sus empleados.

Y ojo que “hacer empresa exitosamente” significa crear riqueza. Al menos cuando se trabaja dentro de la ley y en un mercado abierto a la llegada de nueva competencia, la única forma sostenible de hacer crecer un negocio es ofrecer mejores combinaciones de calidad-precio que los demás. Lo que implica contribuir a generar una sociedad con más recursos.

Por supuesto, se defiende esta gran fertilidad regulatoria que tiene nuestro Estado porque se supone que sin ella el mercado sería el reino del abuso. Pero lo cierto es que el promedio de los países de la OCDE está muy por encima nuestro en esa categoría del ránking (tienen menor carga regulatoria) y no se puede decir que los derechos de sus ciudadanos estén peor garantizados que los de los peruanos.

Otro ejemplo clamoroso es el laboral. Tenemos el mismo puesto 128 de 140 países, por ejemplo, en cuanto a la “facilidad para contratar y despedir trabajadores”. Se supone que esto es así porque “protegemos” a nuestros trabajadores. Sin embargo, basta mirar más arriba en la misma categoría del ránking para saber cómo esto es falso. Mirar, por ejemplo, a los cinco lugares que corresponden a los países donde es más fácil contratar y despedir trabajadores de los 140 (es decir, donde se supone que más se los “desprotege”). ¿Quiénes están ahí? Hong Kong, Suiza, Singapur, Islandia y Reino Unido. ¿En dónde les va mejor a los trabajadores: en esos lugares de “desprotección” o acá? ¿Y cuándo les iba mejor a los trabajadores en el Perú: en los setenta y ochenta (el paraíso de las “protecciones” legales laborales) o ahora?

La verdadera protección para los intereses de los trabajadores es la que les proporciona una gran demanda de empresas compitiendo por sus servicios.

Desde luego, tanto la reforma de la llamada “tramitología” como la laboral supondrían una gran batalla. Pero cabe preguntarse: ¿Para qué sirve acumular capital político si no es para invertirlo en cambios que dejen una huella?

De cualquier forma, no parece que el presidente pueda darse el lujo de no invertir su capital político: las últimas encuestas demuestran que ya se está quedando sin ola con el tema de la derrota del fujimorismo. Necesita comenzar a producir políticas públicas con resultados tangibles para mantener su aprobación.

Luego está el asunto de la reforma judicial. Este cambio sería histórico: de esa institución dependen en última instancia nuestros derechos y obligaciones y el tenerla (sempiternamente) rota deja a diario costos gigantescos a todos los que habitamos en el Perú (y no me refiero solo a los costos estrictamente económicos). Vizcarra está llamado a ser quien emprenda esta gran reforma porque ‘Lava Juez’ (justamente) abrió una oportunidad inédita para ello. La decisión que contiene su referéndum sobre este tema es un buen comienzo, pero solo un comienzo.

En suma, el presidente Vizcarra logró una gran victoria que lo puso en una situación de gran poder. Ahora debe asegurarse de darle sentido a ese poder.