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El actual gobierno es exitoso en el juego de la política nacional. Lamentablemente, no es igual en las tareas de gobierno. Hace política, pero no gobierna.
La política contra la violencia hacia la mujer es un ejemplo clamoroso.
Luego del asesinato de Eyvi Ágreda, en junio pasado, el presidente Vizcarra dijo que esta lucha sería “prioridad del Estado”. Y en el Twitter escribió: “Estos hechos no deben volver a suceder”.
En su mensaje del 28 de julio insistió en que esta lucha era “uno de los más grandes compromisos que tenemos como gobierno”.
Hace unos días arrojaron una bomba molotov en la casa de Katherine Carbajal. Aparentemente, lo encomendó su ex pareja Ilidio Rodríguez Martínez desde su prisión preventiva.
El ministro del Interior, Carlos Morán, dispuso que dos policías den resguardo permanente a la víctima. De esta manera, se cumpliría con el mandato judicial de medidas en favor de la víctima.
La medida fue demagógica e irresponsable.
No se le ocurrió al ministro investigar. ¿Cómo un sujeto con prisión preventiva puede mandar a hacer un ataque con molotov? En vez de amarrarle las manos al agresor, el ministro prefirió anunciar, con bombos y platillos, el resguardo a la víctima.
El mismo día que enviaron a los policías adonde Carbajal, Julia Rayme Valenzuela murió a balazos, asesinada por Julio César Ganoza Ríos. Rayme tenía medidas de protección, pero no tenía resguardo, quizá porque no era noticia.
Recién luego de este nuevo feminicidio, el ministro dijo que hay 42 mil resoluciones judiciales que otorgan medidas de protección. Según la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, sin embargo, solo este año se dictaron más de 167 mil medidas de protección.
Desde el inicio de la Ley 30364, en diciembre del 2015, se han dictado 396.576 medidas de protección. Para tratar a todas estas mujeres igual que a Katherine Carbajal, tendríamos que destinar más de 793 mil policías a su cuidado.
La Policía Nacional contaba con 124 mil agentes en todo el país, según la última cifra conocida (2015). En las comisarías, con apenas 36.380.
¿Cómo y por qué se le ocurrió al ministro Morán destinar dos agentes a Katherine Carbajal? Solo lo explica el desconocimiento de la realidad.
Luego de recién enterarse de la magnitud del problema, el ministro dijo que es “humanamente” imposible atender todas las medidas de protección. Dijo que el Poder Judicial no debía limitarse a expedir estas medidas y encargarle el resto a la PNP.
Morán, además, sugirió que el PJ sea creativo y piense en ordenar grilletes electrónicos para los agresores. ¿Pensó en que esos grilletes requieren monitores, Internet, software, personal en varios turnos y locales para geolocalizar en forma permanente a los agresores de casi 400 mil mujeres?
Obviamente, el ministro desconoce la Ley 30364. Esta norma dice que la PNP “es responsable de ejecutar las medidas de protección dictadas” (art. 23). Manda, además, que esta tenga un mapa gráfico y georreferencial de todas las víctimas con medidas de protección.
El ministro no ha mencionado el mapa gráfico ni el georreferencial. Señala que es “humanamente imposible” proteger a todas las víctimas. Debió saberlo antes de destinar dos agentes al caso de Katherine Carbajal. Y debió denunciarlo desde el inicio de su gestión.
La Ley 30364, por supuesto, es una ley demagógica. Tanto como la protección a la única mujer resguardada de casi 400 mil.
Estos disparos al aire del Mininter revelan claramente la falta de noción del problema y la falta de ideas sobre cómo enfrentarlo. También, de paso, las ansias de hacer propaganda del gobierno.
El ministro del Interior ni siquiera coordinó con el Poder Judicial. Toda su coordinación ha sido a través de declaraciones, tuits y comunicados.
Este año, el de Vizcarra, terminará con más feminicidios que nunca.
Es lamentable que el gobierno se llene de palabras sobre algo tan grave y que no haya partido de un diagnóstico certero sobre el problema. Es lamentable que el gobierno palabree pero no gobierne sobre la violencia contra la mujer.
