Sin WhatsApp, por Andrés Calderón

¿Quién no usa WhatsApp? En un mundo donde Internet va suplantando a las comunicaciones de audio y texto más tradicionales (llamadas y mensajes de texto), y en el que la navegación desde el celular le gana terreno a las conexiones fijas, podríamos generalizar la respuesta en: nadie o casi nadie. Hasta nos molestamos cuando un amigo o familiar no tiene WhatsApp (o sustituto), limitando con ello nuestra ya habitual forma de comunicación.

Pues nuestros vecinos brasileños no usan WhatsApp. O al menos no pudieron hacerlo por unas horas este último martes, no por voluntad propia, sino gracias a una orden judicial. Se trata de la tercera orden de bloqueo que sufre esta compañía en Brasil en menos de un año. Felizmente para los 100 millones de usuarios brasileños, el juez Ricardo Lewandowski de la Corte Suprema levantó el bloqueo solo unas horas después, al considerarlo desproporcionado y violatorio de los principios de libertad de expresión y comunicación.

¿A qué se debió el bloqueo? A que Facebook (la compañía dueña de WhatsApp) se negó a entregar los mensajes que intercambiaron unos usuarios de WhatsApp, información que la jueza Daniela Barbosa –autora de la orden– consideraba crítica para una investigación criminal.

¿Y por qué se negó? Aparentemente por la misma razón por la que compañías como Facebook, Apple y Google vienen luchando contra jueces y gobiernos en distintas partes del mundo: privacidad. WhatsApp encripta los mensajes que se cursan a través de su aplicación de una forma tal que ni ellos mismos pueden descifrarlos. Esos mensajes están protegidos contra hackers, piratas, ladrones de identidad y, sí, también contra autoridades estatales. Aun cuando un juez les ordenara entregar la información, no podrían hacerlo pues su diseño es seguro incluso contra ellos mismos. En otras palabras, pusieron un cerrojo y no conservaron una copia de la llave. Solo emisor y destinatario de la comunicación pueden acceder a su información.

La imposibilidad de que policías, fiscales o jueces puedan acceder a estas comunicaciones es algo que escapa a la comprensión de muchas autoridades alrededor del mundo –incluyendo países más liberales como Estados Unidos y Reino Unido donde se viene discutiendo la posibilidad de prohibir el desarrollo de sistemas de comunicación que no puedan ser desencriptados–. Y en algunos países como en Brasil, un juez puede incluso preferir afectar la comunicación de 100 millones de personas con tal de acceder a la comunicación de 2.

Hay dos cosas de la experiencia brasileña que deberían llamar nuestra atención, hoy día, antes de que nos pasen a nosotros. La primera es la posibilidad de que una autoridad (llámese juez, ministerio o regulador) pueda ordenar el bloqueo de un medio de comunicación como una aplicación de mensajería instantánea. Así se trate de una compañía que ha desobedecido una orden judicial, el remedio es claramente más caro que la enfermedad. 

La segunda es la encriptación absoluta. ¿Deberían las autoridades obligar a que todo sistema de comunicación permita un acceso? O dicho de otra forma, ¿las compañías siempre deben guardar una llave en caso un juez, fiscal o policía la necesite? Aunque me inclino a pensar que las personas y compañías tienen el derecho a diseñar formas de comunicación lo más seguras y privadas que quieran y puedan, reconozco que es un asunto polémico. 

Tan polémico que lo vienen discutiendo jueces, académicos, activistas y políticos en muchas partes del mundo, sin consenso o clara mayoría aún. Podemos ignorar el tema (y dejarlo en visto), pero no vaya a ser que recién nos preocupemos cuando nuestros mensajes no salgan del celular.