El Perú en el lodazal

Es irónico que la presidenta Dina Boluarte cumpla 100 días en el cargo en medio de un desastre. Como si la realidad pareciera esforzarse por graficar aquello que se transmite básicamente por percepciones.

Para empezar a narrar esta triste historia es necesario remontarse a la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que enfrentar El Niño costero en el verano del 2017. Kuczynski presentaba un creciente desgaste, que fue interrumpido brevemente por un voluntarioso esfuerzo, resumido entonces en el eslogan “Una sola fuerza”.

Como sus predecesores que enfrentaron situaciones similares, Kuczynski se benefició de una breve indulgencia. Además, coherente con el perfil tecnocrático que mantuvo su breve mandato, se concretó la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

La ARCC fue concebida con autonomía funcional y hasta se dotó a su director ejecutivo del rango de ministro. La primera persona que desempeñó dicho rol, desde inicios de mayo del 2017, fue Pablo de la Flor, que dejó el cargo sin haber completado seis meses, en medio de presiones de los gobiernos subnacionales.

El breve mandato de Kuczynski concluyó, como se recuerda, en marzo del 2018. Asumió la presidencia otro beneficiado circunstancial del desastre natural del año previo, Martín Vizcarra, ministro de Transportes y Comunicaciones al momento del pico del desastre. Vizcarra enfrentaba un proceso de interpelación en marzo del 2017, que recién se plasmó dos meses después. Las prioridades políticas habían cambiado.

La ARCC ha tenido varias cabezas en estos casi seis años, que explican, al menos parcialmente, la dificultad en concretar su aporte. Los nombramientos más controversiales –por su ligereza técnica– fueron, sin duda, los que realizaron Vizcarra (con Nelson Chui, con el ralo cartel de haber sido gobernador regional de Lima Provincias) y Pedro Castillo (Robert López López, cesado a finales de diciembre del 2022).

No solo la ARCC ha tenido (o debió tener) relevancia en este punto. Los sucesivos gobiernos subnacionales, elegidos en el 2018 y 2022, no han logrado concretar, por desidia o falta de recursos, acciones sostenibles para mejorar la vida de los habitantes de las zonas afectadas.

En esto tiene que ver no solo la ineficiencia o, en muchos casos, la abierta corrupción, sino también el complejo esfuerzo que implica lidiar con la ley de contrataciones públicas. El estigma de que todos los funcionarios son corruptos hace que se parta de una rigidez que paraliza, superada solamente por los avezados inescrupulosos que logran vencer los controles.

La situación de un nuevo desastre natural en el país debería llamar también la atención sobre el tiempo desperdiciado por el liderazgo político en agendas vanas. La inestabilidad iniciada en el 2016, que impide ver por plazos al menos medianos los principales problemas del país, priva a la población de la estabilidad mínima que se requiere para enfrentar amenazas reales. Agendas personalistas, cuando no criminales, han reemplazado el debate franco y abierto de los asuntos públicos. Se persiste en carecer de algo cercano a un objetivo nacional.

Por lo demás, el grueso de las afectaciones se encuentra en la costa, un bloque geográfico que, como decía esta columna, “brinda un espacio a amplios territorios de desarrollo. Pero también crea retos” (El Comercio, 26/3/2017). Entonces se llamaba a que “los tiempos venideros no deben olvidar aquella descripción –no por básica menos cierta– que se hacía de la costa en tiempos escolares: una estrecha franja desértica. Perder de vista esta naturaleza volverá a tener al país en el lodazal”.

Entre una gestión que no parece entender la complejidad de lo que enfrenta y un elenco político centrado en otros temas, un lodazal es precisamente donde hoy parece encontrarse, lamentablemente, el país.