El último martes, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte anunció, a través de sus redes sociales, que el expresidente del Consejo de Ministros de Pedro Castillo Aníbal Torres sería nada menos que ponente en una conferencia magistral sobre “Simulación del acto jurídico”. El evento debía realizarse el pasado 14 de agosto, pero fue cancelado por los organizadores, que incluso eliminaron la publicación inicial luego de la ola de críticas que les cayó encima por invitar a este personaje.
Varios, en efecto, eran los problemas que entrañaba la participación de Torres en una ponencia realizada por el Poder Judicial. Y vamos a desgranarlos uno a uno.
El más obvio es que se trata de una persona que se encuentra actualmente procesada. Es decir, de alguien cuyo futuro próximo será decidido por un integrante del mismo sistema de justicia que consideró conveniente darle tribuna. Pero tampoco se trata solo de la situación procesal de Torres, sino del delito que se le imputa (rebelión) según la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público por el golpe de Estado que Pedro Castillo dio en la mañana del 7 de diciembre del 2022. En otras palabras, se trata de alguien procesado por su papel en una operación que tenía como objetivo desmontar el régimen democrático y reemplazarlo por una dictadura. Un zarpazo por el que Torres nunca ha mostrado arrepentimiento ni ha pedido disculpas al país.
Como se ha mencionado en reiteradas oportunidades, distintos testigos que estuvieron en Palacio de Gobierno el día del golpe revelaron que Torres estuvo con Pedro Castillo en el momento en el que este anunciaba la disolución del Congreso. Para la fiscalía, además, el discurso habría sido redactado por Torres, Castillo y la entonces jefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez.
Y, más allá de su condición de procesado, no hay que olvidar que Torres jugó un papel nefasto durante el gobierno del hoy inquilino del penal de Barbadillo, donde se dedicó a fomentar el odio entre peruanos –utilizando muchas veces los mal llamados Consejos de Ministros Descentralizados–, atacar a instituciones como el Congreso y el Ministerio Público, y arrojar diatribas contra la prensa cada vez que podía. De hecho, esta semana utilizó su cuenta de X para despotricar contra los medios que informaron sobre la ponencia que iba a dar.
Aníbal Torres, además, fue un defensor a ultranza de Castillo, incluso cuando en torno de él se arremolinaban graves indicios de corrupción y de encubrimiento. No fue alguien que honrase el derecho; por el contrario, lo tergiversó para adecuarlo a las necesidades de su líder. Halagó a Adolfo Hitler, uno de los mayores asesinos de la historia, recurriendo a un bulo creado por la propaganda nazi; pidió a un grupo de dirigentes que trajeran gente a Lima para “arrodillar” al Legislativo; y se vanaglorió de haber pronosticado que, si caía Castillo, correrían “ríos de sangre” cuando las protestas que se desataron tras el golpe del 7 de diciembre empezaron a dejar fallecidos entre los manifestantes. Incluso llegó a responsabilizar a la prensa por esta tragedia.
Aníbal Torres sencillamente no merece ningún tipo de homenaje encubierto (como lo es invitarlo a dar una charla) y menos aún de parte de un poder del Estado que tiene entre sus manos definir su futuro. Por lo que resulta francamente preocupante que a alguien en el Poder Judicial se le haya podido ocurrir que el evento cancelado esta semana era una buena idea. Lo menos que merecería sería una llamada de atención de las autoridades judiciales. Después de todo, hay lugares en los que los golpistas deben estar, y ninguno de ellos debería ser en un estrado.