Combi de las cuatro décadas

Desde este Diario hemos llamado la atención en numerosas ocasiones sobre la irresponsabilidad y negligencia del Congreso en la preservación de reformas mínimas que permitan una sana convivencia. Lo alertamos, solo por mencionar algunos ejemplos, en los deterioros en la reforma educativa con la contratación de docentes sin credenciales, de las políticas de combate efectivo a la minería ilegal y de los retrocesos en las reformas del transporte.

Pero sería injusto responsabilizar solo a los parlamentarios de la sensación de abandono que tiene la ciudadanía frente a sus autoridades. El gobierno encabezado por la presidenta Dina Boluarte insiste en aportar su cuota. Precisamente en lo relacionado con la reforma del transporte, los retrocesos vienen de forma sucesiva en los últimos años, con la aquiescencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La semana pasada, de hecho, El Comercio informó que este ministerio decidió prolongar el tiempo de vida de coasters, combis y buses de transporte público en Lima y el Callao hasta por tres años más. Así, unidades de transporte con hasta 35 años de antigüedad podrán permanecer en las calles de la capital. Vale recordar que el Reglamento Nacional de Administración de Transporte –disposición del 2009– establece que el tiempo máximo de uso para unidades de transporte público desde su fabricación es de 15 años, con una ampliación máxima de cinco años adicionales. En otras palabras, a pesar de que ha transcurrido tanto tiempo desde que se emitió el reglamento, se ha optado por cambiar las reglas de juego argumentando una supuesta falta de preparación.

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao, la entidad que realizó el pedido de extensión al MTC, el parque automotor de la capital quedaría desabastecido de unidades de transporte de aprobarse los retiros correspondientes. Dada la antigüedad generalizada de combis y buses en Lima, argumentan, la oferta de transporte urbano se vería seriamente limitada. Según el nuevo cronograma, los vehículos fabricados entre 1990 y 1992 serían retirados recién a finales del 2025.

La decisión tiene varias consecuencias negativas. En primer lugar, pone en riesgo la seguridad de los pasajeros e incluso de transeúntes. La cifra de accidentes y muertes vehiculares es pasmosa. Según especialistas, los requerimientos del MTC para aprobar la operación de los vehículos con más de dos décadas están muy lejos de garantizar un funcionamiento adecuado y seguro.

En segundo lugar, en una ciudad que ya califica entre una de las que tienen mayor contaminación del aire en el mundo, la ampliación del plazo posterga una solución concreta a un problema de salud que afecta a millones de ciudadanos todos los días. En tercer lugar, la medida vuelve a hacer obvio que el camino hacia un transporte moderno, limpio y seguro en Lima –con corredores complementarios, buses masivos, formalidad, sistemas integrados y reducción del grave tráfico– sigue siendo una aspiración que cada vez vemos más lejos. Entre el resto de las capitales de la región, la imagen que deja Lima es la de una metrópoli informal, caótica y poco amable para la vida diaria de sus habitantes, y el estado del sistema de transporte público tiene mucho que ver con esta percepción.

El cronograma de retiro era ampliamente conocido hacía años y, sin embargo, no hubo medidas correctivas a modo de preparación. Lo más simple, pues, fue ceder nuevamente a las presiones de transportistas de viejas unidades y dejar la protección al ciudadano esperando en un paradero para una próxima oportunidad. Lo más triste, en realidad, es que, en las actuales circunstancias políticas, la decisión no debería sorprender a nadie.