El Perú no es un país de instituciones fuertes y sólidas. Problemas de legitimidad, capacidad, predictibilidad, sostenibilidad, y varias otras carencias, marcan el derrotero de diversas entidades públicas y privadas, así como de las reglas que las sostienen. Una notable excepción en este ambiente poco institucionalizado es el Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Desde su reforma estructural a inicios de los años noventa, el ente emisor ha probado ser una institución confiable, profesional y competente.
El peso que carga una entidad como el BCR tiene pocos paralelos en la economía nacional, y es por eso que cuando su presidente, Julio Velarde, brinda declaraciones, inversionistas, funcionarios y otros tomadores de decisiones prestan atención.
Usualmente, sin embargo, los mensajes del BCR o de sus representantes, como sucede con muchos bancos centrales, carecen de novedad o espíritu crítico de la realidad económica. Sus informes y comunicados, tan pulcros como fríos, rara vez son motivo de discusión o titulares. Precisamente por ello llamaron la atención esta semana las declaraciones de Velarde.
Más allá de los comentarios sobre la preparación del presidente Martín Vizcarra para asumir el cargo –y que han sido ampliamente comentados en los últimos días–, vale la pena rescatar el diagnóstico sobre algunas presidencias anteriores. Por ejemplo, sobre la administración de Ollanta Humala, declaró que se desperdició la orientación de la inversión pública. “No hubo un plan de infraestructura y se hicieron proyectos caros, malos, ineficientes y no se cuán corruptos inclusive. Se desperdició [la inversión] enormemente. Se hicieron obras faraónicas en gran medida; y ese dinero hubiera podido cambiar el país sustancialmente”. Los ex presidentes Toledo, García y Kuczynski también recibieron críticas.
Más importante aún, el representante del BCR mencionó que lo que falta desde el sector público “es conversar más con el sector privado”, que las normas muchas veces se hacen “sin estar viendo cómo podría afectar a las empresas privadas y qué consecuencia tienen sobre el mercado”, y que no hay país que haya crecido sin escuchar al empresariado. Al mismo tiempo, criticó las disposiciones que se elaboran con nombre propio –para beneficiar a una empresa específica limitando su competencia, por ejemplo–, y también la excesiva regulación en entidades como Digesa o Digemid.
No es, no obstante, la primera muestra de una actitud más proactiva y crítica del BCR. Ya en su Reporte de Inflación del mes de setiembre el ente emisor señalaba que “en el período más reciente la creciente rigidez laboral y las regulaciones excesivas no han permitido que la [productividad] registre los niveles obtenidos en la década pasada”, y proponía “fomentar el empleo formal mediante una mayor flexibilidad en el mercado laboral” y “desregular y simplificar procesos”, entre otras medidas sensatas, pero no siempre populares entre la clase política. Desde este diario coincidimos ampliamente con la visión que expresa el banco.
El rol del BCR, por supuesto, no es dictar toda la política económica del país, y es importante que el banco se perciba siempre imparcial y técnico. En ese sentido, comentarios con un ángulo demasiado político pueden mellar la principal fortaleza de la institución: su credibilidad. Sin embargo, el liderazgo en la opinión pública que puede ejercer una entidad como el banco –siempre que tenga análisis serio y profundo detrás– es bienvenido. En tiempos en los que, en asuntos económicos, el norte es poco claro para el sector público, la voz del BCR puede ser un crucial aporte al debate. Ojalá continuemos escuchándola en dosis adecuadas.