Cuando un negocio cualquiera fracasa –una bodega, una fábrica, una minera–, las pérdidas recaen principalmente sobre los accionistas y, en segundo lugar, en sus acreedores. Los impactos suelen estar acotados a la empresa en problemas. Por ello, la regulación alrededor de su fortaleza patrimonial es mínima. El sector financiero es diferente. Cuando un banco o caja encuentra complicaciones de insolvencia, el riesgo se extiende también a quienes depositaron dinero en la entidad, y su debilidad puede amenazar con complicar a todo el resto del sistema financiero nacional.
Las salvaguardas adicionales alrededor del sector crediticio se activaron esta semana ante el rápido deterioro en la solvencia de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana. Con una reducción de su patrimonio efectivo en más de 50% a lo largo de los últimos 12 meses, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se vio obligada a intervenir la entidad. De acuerdo con el órgano regulador, “dicha situación fue consecuencia de factores internos –deficiencias en la gestión de riesgos, en su política de otorgamiento de créditos y en su sistema de control interno–, que se vieron agravados por factores externos como el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, la incertidumbre política (conflictos sociales) y los fenómenos climáticos que afectaron al país en la primera mitad del año 2023″. Apenas un día después de la intervención, la Caja Piura ganó la licitación organizada por la SBS para absorber los pasivos y los activos de la Caja Sullana. Con ello, los fondos de los más de 900 mil ahorristas quedan seguros y con las mismas condiciones otorgadas por Caja Sullana.
El episodio debería servir para resaltar la agilidad, resiliencia y competencia del sistema. La exitosa y veloz subasta de depósitos y deudores de la Caja Sullana hacia la Caja Piura encapsuló y contuvo rápidamente peligros de contagio al resto. En general, la caída esporádica de alguna institución financiera que toma riesgos excesivos o los gestiona mal funciona para limpiar el sistema y no se convierte en un problema mayor si se reacciona rápido (Caja Sullana, además, representaba solo el 0,52% del total de depósitos en instituciones locales). De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), la caída de la caja no debería tener un impacto significativo en el sistema financiero, “el cual se mantiene bastante sólido y con una adecuada liquidez”.
Otro recordatorio importante es que el negocio de créditos a microempresas, pequeñas empresas y consumidores no es –como dicen desde algunos frentes políticos– una manera segura de hacer utilidades a costa de altas e injustificadas tasas de interés. Es, más bien, un negocio difícil, que involucra serios riesgos, y es altamente competitivo. Caja Sullana es testigo privilegiado de ello. Políticas como el límite máximo a las tasas de interés –vigente desde el 2021– impiden que instituciones financieras puedan ofrecer créditos a los usuarios más vulnerables; son, en otras palabras, un control de precios que daña precisamente a quienes debería incluir, forzándolos a buscar préstamos en el mercado informal, con los riesgos personales que ello implica.
A pesar de todos los problemas económicos de los últimos años, el Perú goza todavía de un sistema financiero saludable y robusto. Paradójicamente, es la caída de una institución financiera –además de la buena reacción que se suscitó de manera ágil– la que debe servir para recordárnoslo y valorarlo.