Editorial: Todo se va a priorizar

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene siempre una misión delicada y una agenda recargada. De acuerdo con el reglamento del Congreso, “mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política” (es decir, el presidente de la República, los parlamentarios, los ministros y los jueces y fiscales supremos, entre otros). Y a la comisión le corresponde “calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias”, así como realizar la investigación de cada proceso y emitir el informe final.

Como se ve, una tarea imposible de ser subestimada en circunstancias normales; y mucho menos, en un contexto de lucha denodada contra la corrupción como el que, según las autoridades de los tres poderes del Estado, enmarca desde hace un tiempo la vida institucional del país.

A pesar de ello, el actual titular de ese subgrupo de trabajo parlamentario, César Segura, de las filas de Fuerza Popular, se ha colocado desde hace algunas semanas en el centro de una controversia con representantes de otras bancadas y de la ciudadanía en general por la prelación y la velocidad de atención de algunos de los asuntos que él y sus colegas tienen pendientes.

El motivo central del conflicto son las cuatro denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que esperan ser atendidas por la subcomisión y que, en última instancia, podrían definir si continúa en el cargo. A juicio de un sector del Congreso y de la opinión pública, la inviabilidad de seguir teniendo al frente del Ministerio Público a una persona con los cuestionamientos y sombras de duda que se ciernen sobre Chávarry, a raíz de su vinculación con algunos de los miembros más conspicuos de la organización denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, exige que su caso sea revisado y resuelto cuanto antes.

Para Segura, en cambio, “tiene que esperar su turno”. Según ha dicho él, por encima de los expedientes relacionados con el fiscal de la Nación, hay otros 140, que fueron presentados antes. Y todo indica que su plan sería atenderlos primero.

Una revisión de los procedimientos habituales de la subcomisión en la que se contrasten las fechas de presentación y los tiempos en que fueron atendidos y resueltos distintos casos bastaría para demostrar que el criterio de orden de llegada que parece invocar su actual presidente no es una camisa de fuerza impuesta por la tradición o la práctica parlamentaria. Y sus reacciones ante las demandas para que el asunto se ponga en agenda cuanto antes no hacen sino confirmar la consciencia que tiene de la discrecionalidad que en realidad lo asiste a ese respecto.

“Si siguen presionando, más terco me voy a poner”, declaró por ejemplo a este Diario a fines del mes pasado. Y unos días antes, a “La República”: “Nadie me va a poner la agenda, ni los medios de comunicación ni ningún político o colega mío. Yo me voy a hacer responsable de mis actos”.

Con el paso de los días, sin embargo, la presión de la que es objeto –y de la que ha participado hasta el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry– lo ha hecho anunciar un plan de trabajo absurdo, con el propósito quizás de dar la impresión de que algo está cediendo.

Interrogado, en efecto, esta semana por la prensa acerca de la prioridad que podría darles a las denuncias contra Chávarry, respondió: “Prioridad para mí es ver todos los casos que he recibido”. Y luego añadió: “Todo se va a priorizar”. Una sentencia que, como es obvio, constituye casi una contradicción en los términos, pues priorizar es precisamente distinguir y privilegiar algunos asuntos dentro de un determinado universo. Y si se ‘prioriza’ todo, ese propósito se pierde.

¿Por qué podría el titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales anunciar de pronto un plan de trabajo que en buena cuenta es un contrasentido? Si se despeja esa incógnita, de seguro quedarán en evidencia sus auténticas prioridades.