Leyes para amordazar

En el 2023, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData) reveló una estadística preocupante. Entre el 2006 y el año anterior, las distintas representaciones nacionales tramitaron hasta 94 proyectos de ley que afectaban de alguna manera las libertades informativas o el trabajo de la prensa en nuestro país. Es decir, uno cada dos meses en promedio. Pero tal parece que el Congreso actual está dispuesto a empeorar este indicador, pues en dos semanas prácticamente el mismo grupo de legisladores presentó dos iniciativas distintas contra los medios que no deberían pasar por agua tibia.

El 19 de marzo, para comenzar, Luis Cordero Jon Tay y sus compañeros de Acción Popular (AP) Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Jorge Luis Flores Ancachi, Raúl Doroteo y Luis Ángel Aragón plantearon modificaciones en el nuevo Código Procesal Penal a fin de castigar a los fiscales en caso de que se termine filtrando algún aspecto de un proceso de colaboración eficaz (como el testimonio o la identidad del delator) que tengan a cargo. El propósito es claro: evitar que la opinión pública termine conociendo detalles de investigaciones como las que actualmente ellos tienen abiertas en la fiscalía por casos como los de ‘Los Niños’ o el de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides. Y, para ello, proponen sancionar al magistrado a cargo de las pesquisas aun cuando no se haya probado que él haya filtrado la información.

Ni siquiera han esperado que esta iniciativa llegue al pleno y ya han remitido otra, esta vez en supuesto beneficio de la transparencia “en el ejercicio del periodismo en el Perú”. Firmado por Cordero, Espinoza, Vergara, Flores Ancachi, Aragón (que ayer pidió retirar su rúbrica) y Wilson Palacios, el proyecto presentado el martes 2 de abril propone incorporar dos artículos a la Ley de Contrataciones del Estado a fin de impedir “que personas que ejerzan la conducción y/o producción de un programa periodístico emitido por un medio de comunicación televisivo o radial de alcance nacional, así como su cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” puedan contratar con el Estado. En el caso de los medios escritos, este veto alcanza al director, a su cónyuge y a sus parientes. Y, además, plantean que esta prohibición se mantenga vigente hasta un año después de que el periodista haya abandonado dicho cargo.

Se trata de una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza. Para comenzar, porque, si es verdad –como se afirma en la exposición de motivos del documento– que los parlamentarios quieren “evitar beneficios indebidos a las personas que ejercen el periodismo”, no tendría sentido que la prohibición se aplique solo a ciertos cargos de los medios. ¿Acaso solo los conductores y productores de un programa periodístico hacen periodismo? ¿Y los reporteros? Lo mismo podría decirse sobre los medios escritos, donde el proyecto solo menciona el cargo del director. ¿Y el subdirector? ¿Y los editores, redactores y otros puestos que intervienen en la cobertura de un hecho noticioso?

Por otro lado, el proyecto no ofrece estadísticas sobre el supuesto problema que busca atajar. ¿Cuántos periodistas hay cuyos familiares se beneficiaron con contratos con el Estado? No lo sabemos. Solo menciona un único caso, el de la periodista Juliana Oxenford, lo que permite saber que estamos ante un proyecto con nombre propio.

Cuestionados por la prensa, los firmantes de la iniciativa han tenido reacciones llamativas, desde Aragón, que retiró su rúbrica de la misma, hasta Vergara, que aseguró que la firmó sin “revisarla a profundidad”. Sin embargo, sus antecedentes los delatan. Como mencionamos antes, no es este el primer proyecto auspiciado por ambos que tendría un impacto en el ejercicio periodístico y no olvidemos que en el 2023 los dos respaldaron el proyecto de ley mordaza que buscaba elevar las penas por difamación y calumnia en nuestro ordenamiento legal y que, afortunadamente, no prosperó.

Quizás estos legisladores crean que utilizando el amedrentamiento como arma conseguirán que los medios no informen sobre sus cuitas judiciales. Que pueden promocionar leyes para amordazar con total descaro. Y la verdad no podrían estar más equivocados.