Los problemas por los que atraviesa el presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), no parecen desanimar a otros miembros de la representación nacional a impulsar iniciativas con nombre propio. Es decir, que los beneficien directamente.
Como se sabe, los cuestionamientos que enfrenta en este momento el titular del Legislativo derivan, en su mayor parte, del hecho de que, tiempo atrás, votó a favor de una ley que luego su abogado invocó para que prescribiese un proceso judicial por estafa que tenía abierto en Cusco. En la misma situación se encuentra, dicho sea de paso, el parlamentario Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), uno de los promotores de esa misma norma y cuyo abogado en el juicio oral que se le sigue por los delitos de malversación de fondos, falsedad ideológica y peculado, ha pedido también, sobre idéntica base, que se los declare prescritos.
Ahora, el nuevo miembro de este club es el legislador Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), que ha presentado un proyecto de ley para que se cambien los motivos para la exoneración del pago de alimentos a un hijo… una obligación que actualmente él tiene que cumplir y que cesaría si la ley fuese aprobada.
De acuerdo con el planteamiento de Gutiérrez, tal pensión tendría que ser automáticamente suspendida cuando la persona llamada a recibirla suma más de 25 años o registra un promedio ponderado menor de 13 en sus estudios superiores. Y, más allá de las objeciones que cualquiera de esas dos eventuales razones para la suspensión de la referida obligación suscitan, lo que realmente hace del empeño del congresista un escándalo es la circunstancia de que, en los últimos 14 años, él ha presentado tres veces demandas ante el Poder Judicial para detener el pago de alimentos a una hija suya. Queda para la historia de la desfachatez la excusa que el legislador ha sacado a relucir en una reciente entrevista para justificar su resistencia a cumplir ese pago. Según él, su actitud habría obedecido al disgusto que le provocó saber que la madre de la menor le había puesto a ella un nombre distinto al que, en principio, habían acordado entre los dos. “Lamentablemente, eso fue una motivación que me hizo proceder de esa manera”, ha declarado. Para luego agregar que “fue un error”.
Por otro lado, a pesar de la lluvia de críticas que ha caído sobre él por la iniciativa congresal con nombre propio que ha presentado, Gutiérrez ha comentado que “evalúa” la posibilidad de retirarla “para evitar controversias”. “Este proyecto ha sido totalmente tergiversado, prácticamente trastocado y personalizado”, ha dicho en un intento por trasladar, como es habitual, la culpa de lo que está ocurriendo a quien dio la voz de alerta sobre ello. Lo cierto, sin embargo, es que, mientras más se demore en retirar el proyecto –esto es, en admitir que es un esfuerzo por obtener una ventaja personal aprovechando su condición de parlamentario–, peor será para él y para la imagen de todo el Congreso.
De primera intención, tendría que llamar la atención que su bancada no se haya pronunciado oficialmente al respecto. Pero si se pone este enésimo gesto de viveza en el contexto de todo lo que los integrantes de la representación nacional se apañan entre sí, la extrañeza ya no es tanta. El ‘blindaje’ a Soto en el que se esmeran las bancadas que respaldaron su elección es una buena muestra de ello.
De las comisiones que existen en el Parlamento, la que verdaderamente tendría que ser permanente es, al parecer, la de Ética, porque los desaguisados e inconductas en que incurren los padres y madres de la patria no tienen cuándo detenerse.