Editorial El Comercio

El congresista tiene una investigación abierta en la por peculado. Se lo acusa, concretamente, del presunto delito de haber usado recursos del Parlamento –computadoras e impresoras de su despacho, así como los servicios de siete trabajadores del Legislativo– para buscar la inscripción del movimiento político regional . No es ese, sin embargo, su único problema con la ley. También está bajo la lupa del por un caso de supuesto cohecho activo genérico que se habría materializado a través de un intercambio de favores con la parlamentaria (), y por el , en el que existen testimonios que apuntan a él como el coordinador de la presunta red de corrupción que actuó solapadamente al servicio de cuando gobernaba el país, a cambio de favorecimientos indebidos.

Esa situación le ha acarreado la expulsión de , partido por el que fue elegido en el 2021, mientras en el Legislativo la reacción de sus colegas al respecto ha sido, por decir lo menos, morosa y está todavía a la espera de una definición en la , por un lado, y en la , por el otro.

A ese cuadro, ya bastante negativo y vergonzoso, ha venido a sumarse ahora un ingrediente más que demuestra que, a propósito de los datos que arrojan una luz inquietante sobre la actual representación nacional (cuya desaprobación en las encuestas nacionales anda por el 85%), las cosas siempre pueden empeorar o, en lo que parece una ironía sugerida por el nombre del congresista Espinoza, acomodarse a una probable teoría de la involución.

De acuerdo con un testigo protegido de la fiscalía, Espinoza habría ordenado que y , trabajadores de su despacho, se encargaran de conseguir en un centro comercial un técnico que pudiese borrar archivos de sus equipos o infectar dichas máquinas “con virus” para impedir que la información allí contenida pudiera ser identificada. Sin embargo la operación no prosperó, porque solo hubo propuestas de llevarlo a cabo de manera remota, lo que no les inspiró confianza. Posteriormente a este intento frustrado de borrar evidencias, y en un hecho que requiere explicación del Ministerio Público, el personal de la fiscalía se presentó el 29 de mayo en el despacho del congresista sin una orden judicial para proceder al registro y eso, como es obvio, impidió que se lo pudiera llevar adelante. Según el testigo, ocurrió entonces que el congresista, convencido de que los representantes del Ministerio Público volverían pronto, dio instrucciones para “una nueva limpieza de documentos físicos y digitales” en sus oficinas. La fiscalía retornó, cinco días después, con una orden judicial para finalmente realizar la copia espejo de la información.

De corroborarse este testimonio, por cierto, el abogado penalista Andy Carrión ha señalado a este que la investigación a Espinoza por peculado podría ampliarse para incluir el presunto delito de obstrucción a la justicia.

Mientras tanto, el último sábado, el Ministerio Público allanó 10 inmuebles ligados a esta investigación, entre los que se cuentan la vivienda del parlamentario en y las de sus trabajadores en Lima y el . Y aunque él afirma que en su domicilio no se halló “nada relacionado a la investigación”, fuentes de El Comercio han aseverado que en el operativo en cuestión sí se habría encontrado importante evidencia.

En anteriores ocasiones, el congresista que nos ocupa ha descartado enfáticamente haber usado recursos del Legislativo para la inscripción del movimiento regional que mencionábamos antes y ha dicho que no se corre ni de las indagaciones ni de la prensa, pero ante la solicitud de este Diario para que diese sus descargos con respecto a esta denuncia, no ha respondido. Es como si no se sintiera obligado a dar explicaciones al país por los graves hechos que lo comprometen y la verdad, viendo la tibieza con la que sus colegas lo tratan y que parecen perfilar un blindaje, no está tan equivocado.

Con todo lo anterior, es lamentable que aún sigamos viendo a Espinoza ocupando un asiento en el Parlamento. Tengamos presente su historia para no verlo de nuevo en estas elecciones que se aproximan en poco más de un año.

Editorial de El Comercio