Editorial: La colaboración eficaz en riesgo

El Congreso que termina funciones esta semana no se ha caracterizado por aprobar iniciativas beneficiosas para el país. Para comprobarlo, basta mirar la cantidad de ellas que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional o que están esperando su turno para correr la misma suerte, o recordar el nulo razonamiento económico que existió detrás de las medidas populistas que colmaron su agenda desde el primer día.

Lejos de escarmentar por la crítica que su actuación levantó entre la ciudadanía, sin embargo, la representación nacional saliente decidió aprobar la semana pasada una norma desafortunada más en el último momento de su gestión. Nos referimos, como es obvio, a las modificaciones a la ley sobre colaboración eficaz. Modificaciones que podrían afectar incluso a procesos en curso –como los de Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, Los Dinámicos del Centro o el que se le sigue al congresista electo Guillermo Bermejo–, pues los abogados de todos ellos estarían en capacidad de solicitar la aplicación de los nuevos lineamientos a sus casos.

En lo que concierne a las modificaciones mismas, entre las principales está la que tiene que ver con el plazo del que dispondrán los fiscales para que el Poder Judicial apruebe una colaboración eficaz: solo cuatro meses. Hasta ahora, no existía plazo máximo para ello a fin de darle –según refiere el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado– “la mayor amplitud al fiscal para manejar con mayor tranquilidad un proceso complejo”. Esto habida cuenta de las marchas y contramarchas que habitualmente ocurren en este tipo de procedimientos. No olvidemos que hablamos de casos que demandan muchas veces información internacional, levantamiento de secretos y demás requerimientos difíciles de conseguir en cuatro meses.

Un segundo problema es que ahora las declaraciones de los colaboradores tendrían que ser dadas ante el fiscal coordinador o su adjunto, lo que podría atentar contra el principio de confidencialidad. Como la experiencia demuestra, hay áreas del Ministerio Público que podrían permitir filtraciones.

Finalmente, constituye también un serio inconveniente el hecho de que ahora no se podrá corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la de otro, lo que, a decir de los especialistas, carece de sentido, pues el crimen complejo tiene información que fluye de otros participantes en los mismos delitos.

Cambios, en fin, que, de prosperar, podrían suponer un retroceso en la lucha contra la corrupción en el país. Como se sabe, sin embargo, el Ejecutivo podría observar la ley y de hecho algunos de sus voceros han anunciado que lo hará. Pero cabe recordar que a ese nivel estamos también frente a una administración cuyo mandato está por expirar y a la que el tiempo podría resultarle estrecho para cumplir con ese propósito.

De cualquier forma, si ello ocurriese –y es de desear que así sea– ya no sería a este Congreso al que le tocaría lidiar con sus observaciones, sino al que se instalará en el hemiciclo a partir del 28 de julio. Este, en efecto, tendría que decidir entre acoger los señalamientos del Ejecutivo o insistir con la norma tal como está.

Mientras tanto, la pregunta que queda flotando en el aire es por qué el Parlamento que estaba de salida decidió acometer en la hora nona un asunto tan espinoso como el que nos ocupa. Por lo pronto, no parece haber sido consecuencia de lo recargado de su agenda, porque la cantidad de leyes declarativas que aprobó y los procesos inconducentes en los que se embarcó en las últimas semanas sugieren que no tenían apremios de tiempo.

La sospecha apunta, más bien, a intentos de conceder inquietantes beneficios en la penumbra final de su gestión para no tener que cargar luego con los costos de ello. Felizmente, sin embargo, si el Ejecutivo observa la norma, ese no será el caso de la representación nacional que se estrena en los próximos días, ya que esta quedaría indeleblemente marcada ante una eventual insistencia con respecto a una iniciativa tan descaminada.