Este viernes, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la acusación constitucional contra el expresidente Pedro Castillo. El actual inquilino del penal de Barbadillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. A pesar de que se le ofreció hacer uso de su derecho a la defensa, el exmandatario se rehusó a participar de la sesión o a recibir a una delegación del Parlamento que acudió hasta donde se halla detenido.
Dada su precaria situación legal, Castillo no está en una posición en la que rechazar opciones de defensa sea algo precisamente recomendable. La semana pasada, el coronel Harvey Colchado, líder del equipo especial PNP que investiga al expresidente y a su entorno, señaló que los arreglos con el grupo de congresistas conocido como ‘Los Niños’ preceden incluso a la toma de mando del golpista.
De acuerdo con el coronel Colchado, entre el 23 y el 24 de julio del 2021 Pedro Castillo coordinó con Carlos Zevallos y Darwin Espinoza, congresistas de Acción Popular (AP), la formación de una alianza funcional a sus intereses. Espinoza, quien entre el 21 y el 28 de julio del 2021 se hospedó en el hotel Meliá, se reunió en ese lugar con Auner Vásquez, célebre asesor de Pedro Castillo y uno de sus hombres de confianza. “Ahí conciertan para que el partido de gobierno [Perú Libre] logre los votos y así obtenga la Mesa Directiva del Congreso”, aseguró Colchado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. “El poder se comparte”, le habría indicado Espinoza a Castillo al respecto.
De acuerdo con un informe policial al que accedió este Diario, un colaborador eficaz indicó que la siguiente cita se dio el mismo 24 de julio en horas de la noche en la infame casa del pasaje Sarratea, despacho clandestino del expresidente. Allí habrían concurrido Espinoza, Elvis Vergara, Ilich López, Wilson Soto y Edwin Martínez, todos parlamentarios de AP, además de Castillo y Vásquez. En diálogo con El Comercio, Espinoza y Soto confirmaron su asistencia. La reunión habría sembrado las bases para la colaboración indebida entre los legisladores de AP y el gobierno anterior. Los primeros protegerían a los ministros y al presidente de cualquier proceso de control político en el Congreso; a cambio, serían compensados con puestos para sus allegados en instancias del Ejecutivo.
El expresidente y su entorno, pues, habrían diseñado una arquitectura institucional propia de organizaciones criminales desde el inicio. A pesar de ello y de su golpe de Estado, en una reciente entrevista publicada esta semana Castillo insiste en sus usuales mensajes impregnados de descaro, paranoia y victimización. A través del medio “El Salto”, denuncia que siempre temió por su seguridad personal y la de su familia, que está incomunicado, y que sufrió acoso durante su presidencia. Indicó que su golpe de Estado se trató, en realidad, de un esfuerzo para acercarse al pueblo y “hacer eco para los “nadies”, que su infructuosa huida a la embajada de México fue solo para dejar allí a su familia, y que es víctima de un complot de “la derecha peruana que sirve a intereses de la derecha internacional, los grupos neoliberales e imperialistas”, entre otros. El nivel de mentiras desplegado en aquella entrevista es sorprendente incluso para sus ya conocidos estándares.
Pasará un tiempo hasta que se conozca toda la magnitud de las redes de corruptelas en el gobierno anterior. Pero va quedando bastante claro hasta ahora que, desde sus primeros días, se trató de un esfuerzo coordinado por enriquecerse y conservar el poder por encima de cualquier consideración legal, ética o institucional. Y si un gobierno así duró lo que duró, ello se debió en parte a la captura parcial de quienes debían fiscalizarlo y que, más temprano que tarde, deberán responder por ello.