Deformando la colaboración eficaz

Desde hace unos años, la colaboración eficaz ha estado en la mira de algunos políticos, especialmente de aquellos cuyos líderes tienen investigaciones abiertas en la fiscalía, que no han desperdiciado ocasión para criticar el mecanismo y, en no pocas ocasiones, tratar de limitar su aplicación y sus alcances de diversas maneras.

Esta semana, a pocas horas de que termine la legislatura, el Congreso aprobó –con 84 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones– una ley cuyo título asegura que tiene por finalidad “fortalecer el proceso especial de colaboración eficaz”, pero que, como suele ocurrir con las iniciativas parlamentarias, apunta exactamente hacia el lado contrario. En una primera señal de alarma, el dictamen salió adelante gracias a los endoses de bancadas cuyos integrantes se encuentran inmersos en una investigación fiscal (por el Caso de ‘Los Niños’) en la que han sido señalados por colaboradores eficaces –Acción Popular, Perú Libre y el Bloque Magisterial– y por la mitad de una –Fuerza Popular– cuya lideresa se encuentra en el mismo trance por el Caso Cocteles. Para variar, el encargado de sustentar el dictamen ante el pleno, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Américo Gonza (Perú Libre), ha sido señalado en la investigación que el Ministerio Público viene llevando a cabo por los ascensos irregulares en la policía ordenados durante el gobierno de Pedro Castillo como integrante de la presunta organización que orquestó los mismos.

La iniciativa, en buena cuenta, modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Código Procesal Penal para, entre otros, proscribir la posibilidad de que la declaración de un aspirante a colaborador eficaz pueda ser corroborada con otra –algo que no contempla la legislación actual– y, lo más preocupante, colocando plazos para que el Ministerio Público cumpla la etapa de corroboración de las mismas. La propuesta señala que, desde la solicitud del acuerdo de colaboración eficaz hasta su celebración, los fiscales tendrán ahora un plazo máximo de ocho meses para corroborar la información suministrada por los delatores. Solo bajo causas justificadas, el fiscal puede prorrogar dicho lapso hasta por cuatro meses que pueden convertirse en ocho únicamente para los casos de crimen organizado.

Según especialistas consultados por este Diario, sin embargo, este cambio es profundamente peligroso, pues se está encorsetando una figura clave para las labores del Ministerio Público al imponerle plazos que resultan insuficientes para investigaciones complejas que requieran, por ejemplo, corroborar información del extranjero o levantar el secreto de las comunicaciones de uno o varios investigados. “La verificación implica todo un procedimiento que debe ser seguido para dar validez a las pruebas que sustenten. Fijar un plazo es condenar los procedimientos de colaboración eficaz a la inoperatividad de los mismos”, advirtió, por ejemplo, el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia. Mientras que el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, adelantó que las consecuencias de la aplicación de esta ley “podrían ser la desactivación de los casos y, por lo tanto, la impunidad de líderes políticos que están siendo investigados”.

Cabe mencionar que el proyecto en cuestión (que fue presentado en el Congreso anterior por Podemos Perú) había sido rechazado en octubre pasado con el voto en contra de 54 legisladores. Desde entonces hasta ahora, el texto sufrió solo un cambio sustancial, pues se retiró el extremo que buscaba modificar el artículo 409-B del Código Penal, referido a la revelación indebida de información reservada del proceso de colaboración eficaz, pero se mantuvo todo aquello que ya la hacía perniciosa en un primer momento. ¿Cómo esta representación nacional terminó aprobando un proyecto que, en esencia, es el mismo que rechazó hace menos de un año? Pues esa es una pregunta que hacerles a los legisladores que han cambiado su voto entre una sesión y la otra.

Consultado ayer sobre el tema, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que iban a revisar la norma aprobada por el Congreso para poder pronunciarse al respecto. Ojalá que la observen, pues no se puede consentir que congresistas –muchos de ellos– con cuentas pendientes con la justicia deformen una herramienta que, con todas las críticas que puedan hacerse, ha sido fundamental para el trabajo del Ministerio Público a vista y paciencia del resto de las autoridades.