Editorial: Tomándose su tiempo

En un país pobre sería una necedad exigirle al gobierno un gasto significativo en grandes obras de infraestructura o de servicios públicos. Cuando el dinero escasea, es comprensible que la inversión pública permanezca rezagada.

Pero el Perú ya no es un país pobre bajo estándares internacionales y, de hecho, al ritmo del crecimiento económico, el presupuesto público para inversiones se ha multiplicado por ocho en los últimos 20 años. Si el Estado no logra gastar hoy en las carreteras, puentes, hospitales o redes de agua que hacen falta, no es tanto porque le falten recursos –que bien podría haber sido el motivo principal en décadas pasadas–, sino porque no parece contar con la capacidad de gestión para lograrlo.

Según el informe de esta semana de la Unidad de Análisis Económico de El Comercio, en los últimos cinco años se devolvieron más de S/22.320 millones anuales al Tesoro Público, dinero suficiente para cerrar tres cuartos de la brecha en infraestructura de agua o construir diez proyectos equivalentes al aeropuerto de Chinchero, cada año.

Para este año, entrado ya setiembre, del presupuesto para inversiones se ha ejecutado recién un tercio. Si bien los gobiernos subnacionales podrán argüir que, siendo este su primer año de gestión, sus tasas de ejecución no son especialmente bajas comparadas con otros períodos similares, la misma excusa no aplica para el gobierno nacional: a la fecha, ha ejecutado apenas 36% del presupuesto de inversión pública, con varios ministerios que no llegan o bordean el 30%.

La historia que capturó la atención de los últimos días ejemplificando la inoperancia en gestión de compras e inversión pública fue la ausencia de incubadoras en diversos centros de salud, pero lo cierto es que se trata de un problema estructural que afecta a todo el aparato estatal. Apenas el mes pasado, por ejemplo, se anunció que nueve de los 16 proyectos que contemplaba adjudicar Pro Inversión este año habían sido retirados de su cartera. De los siete restantes, el único concesionado a la fecha son las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del lago Titicaca.

El impacto de esta falta de ejecución es doble. Por un lado, la carencia de equipamiento médico, de caminos asfaltados o de líneas de trasmisión eléctrica reduce la calidad de vida de las personas y la competitividad de las empresas locales. Por otro lado, el movimiento económico que genera la construcción de grandes proyectos de inversión pública es tradicionalmente un impulso adicional en economías con crecimiento débil.

Respecto de esto último, vale notar que, según el Indicador Mensual Económico de El Comercio (Imeco), el PBI del Perú cerraría el 2019 con una expansión de apenas 2,4%. Así, a pesar del crecimiento por encima del 3% que se espera para julio, las proyecciones anuales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) parecen demasiado ambiciosas.

¿Qué se puede hacer para empezar a revertir esta situación? En el corto plazo, el presupuesto público del 2020, recientemente presentado, puede ser ocasión para reasignar partidas y mejorar el control del gasto. En el mediano plazo, los instrumentos delineados en el reciente Plan Nacional de Competitividad y Productividad, además del Plan Nacional de Infraestructura, pueden ser útiles. Destaca, por ejemplo, el uso potencial de los PMO, sistema que demostró su utilidad y eficacia durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Sin embargo, nada de esto se puede lograr sin un mínimo de coordinación y voluntad política para poner el pie en el acelerador. El Perú, decíamos, no es más un país pobre bajo estándares internacionales, pero en vista de la aún enorme lista de necesidades y apremios, lo contrario ya ronda la irresponsabilidad y la negligencia.