Tocados

Dos noticias asociadas al Caso Los Intocables de la Corrupción confirmaron ayer que quienes se encuentran presuntamente implicados en él no están más allá de la acción de la justicia, como el sobrenombre que se les atribuye podría sugerir.

Por un lado, se supo que el extitular de los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y de Transportes y Comunicaciones (MTC), durante el gobierno de Martín Vizcarra, Carlos Lozada, habría impedido investigaciones internas a los miembros de comités de selección de obras de Provías Nacional cuando era director de esa entidad. Y, por otra parte, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva a dos exfuncionarios de Provías Descentralizado: Carlos Revilla y Alcides Villafuerte, señalados también como supuestos integrantes de la mentada organización criminal.

En lo que concierne a Lozada, según el testigo protegido 03-2023, él le decía constantemente a Stalin Zeballos, por entonces gerente de Recursos Humanos de Provías Nacional, “que no debía abrir procesos administrativos” a quienes formaban parte de los referidos comités y que “tenía que apoyar al gobierno”. El delator ha relatado asimismo que, en determinado momento, se produjo entre estos dos personajes un serio incidente, porque se había realizado el desembolso de un adelanto de dinero de manera irregular, y que, un día después de haber dicho que vería la denuncia y actuaría de acuerdo con sus funciones, Zeballos fue despedido sin explicaciones.

Como se sabe, Provías Nacional es la unidad ejecutora del MTC que prepara, gestiona, administra y ejecuta los proyectos de infraestructura de transporte vinculados a la Red Vial Nacional. Consultado a propósito de la declaración de este testigo, el abogado penalista Andy Carrión dijo a este Diario que puede ser el punto de partida para que el Ministerio Público inicie una nueva investigación preliminar o amplíe la que ya se desarrolla en contra de Los Intocables de la Corrupción.

En cuanto a la segunda noticia, cabe recordar que la organización criminal a la que los dos exfuncionarios presuntamente pertenecían era supuestamente encabezada por el expresidente Martín Vizcarra. Si añadimos a esto el hecho de que Villafuerte cambió en realidad su situación legal cerca de un mes atrás, acogiéndose a la colaboración eficaz y entregando S/500 mil obtenidos, según él mismo, a través de sobornos, es evidente que el cerco en torno del hipotético líder de la gavilla delincuencial se sigue estrechando y es ya difícil que no termine de cerrarse. No de inmediato, porque estos procesos son trabajosos y requieren de un levantamiento de inmunidad que corre por cuenta del Congreso de la República (con los tiempos que le conocemos). Lenta pero segura, no obstante, la justicia promete en este caso llegar.

Eso resultará importante no solo por lo que corresponde a los poderosos personajes involucrados en este turbio asunto en particular, sino también porque emitiría una señal a otros políticos que pueden haber actuado antes de manera similar en otros escenarios cuando tenían funciones de gobierno y que, confiados en la ineficacia de nuestro sistema de justicia, se sienten también intocables. Si los “intocables” que nos ocupan acaban efectivamente siendo tocados, el escarmiento será general, y ya nadie se sentirá a salvo. O, lo que es igual, cualquier futuro gobernante se lo pensará tres veces antes de incurrir en actos reñidos con la ley.