Más reflexiones que celebraciones

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que nació a raíz del espantoso incendio en una fábrica textil de Nueva York hace 113 años que acabó con la vida de 146 trabajadoras cuyos patrones mantenían encerradas alegando que podían robarles material. Si en aquel momento la tragedia movió a la sociedad a cuestionar las pésimas condiciones en las que laboraban las mujeres (que eran peores a las de sus pares masculinos), hoy la efeméride sigue interpelándonos por todas aquellas diferencias injustificadas entre ambos géneros que muchas veces no notamos, precisamente porque hemos crecido con ellas y las sentimos hasta naturales, cuando no lo son.

Es una verdad incontestable que, en el último siglo, se han logrado avances notables en este campo que no deberíamos minimizar –desde el sufragio femenino hasta leyes para tipificar el feminicidio o castigar el acoso sexual callejero–, que se aprobaron pese a la resistencia y a las críticas de varios sectores. Pero tan cierto como lo anterior es que todavía existen brechas y taras de género que no solo se resisten a desaparecer, sino que incluso se han agravado en los últimos años.

De entre todos, el tema de los feminicidios es quizás el más espantoso y, pese a ello, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte –la primera mujer en acceder al cargo en más de 200 años de vida republicana– no ha mostrado una actitud frontal contra este flagelo. Desde el 2020, por ejemplo, el número de casos con características de feminicidio ocurridos en el país ha crecido (desde los 131 del año de la pandemia hasta los 170 registrados en el 2023), según cifras del Ministerio de la Mujer. En lo que respecta a este año, solo en enero se contaron 18 asesinatos con rasgos de feminicidio y otros 19 casos que quedaron en tentativa.

El problema, como hemos subrayado en varias ocasiones, no son solo los feminicidios en sí, sino también la incapacidad de las autoridades para sancionar efectivamente a quienes los perpetran. En diciembre pasado, este Diario informó que apenas una tercera parte de los feminicidas que fueron sentenciados en el Perú en el 2022 fueron recluidos en un penal (72 de 348). Y que, además, hay 26 requisitoriados por este delito que se encuentran en el programa de recompensas desde hace siete años sin ser capturados.

Más allá de la violencia contra la mujer, existen otros indicadores de género que son francamente preocupantes. En cuanto a la participación política, por ejemplo, las estadísticas no son las mejores. Como recordó la exvicepresidenta Mercedes Araoz en una columna publicada el domingo pasado en este Diario, en las elecciones del 2022 solo se eligió a una gobernadora de entre las 24 regiones del país; a ocho alcaldesas provinciales (de 195) y a 94 distritales (de 1.845). Con frecuencia, las mujeres que deciden ingresar en política suelen ser acosadas o estigmatizadas por su género, y relegadas muchas veces a funciones secundarias por sus pares masculinos.

Algo similar ocurre en el mercado laboral. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la brecha salarial por género en el Perú alcanzó el 25% el año pasado (es decir, por cada S/1 que gana un trabajador masculino, en promedio, una trabajadora percibe solo S/0,75). Muchas mujeres no regresan a trabajar después de ser madres y otras tantas deben laborar menos horas para encargarse de sus hijos y las labores domésticas. Por no hablar de que las mujeres suelen encontrarse en empleos más precarios y menos remunerados, y que en varios de estos tienen que afrontar el flagelo del acoso sexual.

Si ya el hecho de que muchos indicadores de género se mantengan inalterables debería preocuparnos, que haya algunos que incluso se hayan agravado es una señal de que estas brechas no se van a cerrar por sí solas. Hay que trabajar concienzudamente para lograrlo. Hasta entonces, los 8 de marzo, más que celebraciones, deben motivar reflexiones por todo aquello que hacemos mal o que hemos dejado de hacer para corregir una situación que nos debería importar a todos.