Todos los caminos conducen a ella

Casualidad o no, desde aquel 5 de marzo en el que perdió a su brazo derecho, todo ha sido cuesta bajo en la rodada. Alberto Otárola se fue por razones más que suficientes, pero con un empujoncito de su ‘amigo’ Nicanor.

Desde entonces, el país vive una concatenación de crisis, consecuencia de la puesta en evidencia de las inconductas de Dina Boluarte, agravadas por la forma en la que les ha hecho frente.

Veamos.

El 6 de marzo juró el nuevo presidente del Consejo de Ministros y ya el 14 entraban en escena los Rolex. La primera reacción de la presidenta fue decirnos: “Trabajo desde los 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo. El artículo en particular es de antaño” (destaco el singular). Auch, ¡qué metida de pata!

Lo de los Rolex creció y creció, sumando en el camino pulseras y aretes. El 5 de abril ella creyó superar el problema afirmando que fueron préstamos de su ‘wayki’ Wilfredo Oscorima. ¡Uf! El aludido carga con un prontuario de espanto y ella lo había retribuido muy generosamente con dinero público. Varios abogados explicaron que, para fines penales, lo mismo es regalo que préstamo. Después de este dislate, la presidenta lleva 42 días sin hablar con la prensa.

Ahora sabemos que ese no era sino uno de los dos problemones que ella enfrentaba en simultáneo.

Así, el ya mencionado 14 de marzo tuvo lugar un almuerzo gestionado por su abogado, Mateo Castañeda, para hablar con el coronel Harvey Colchado. Allí lo inquirió sobre por qué no habían pasado el caso de Nicanor Boluarte a otra fiscalía. El reclamo se explica porque el 6 de febrero Castañeda había tenido un almuerzo similar con el coronel Walter Lozano en el que, a cambio de que el caso del hermano pasara a la Primera Fiscalía Anticorrupción, se le ofreció ascenderlo al grado de general.

Ni uno ni otro ‘ayudaron’ al hermano. Todo lo contrario: ellos informaron a la fiscal Marita Barreto sobre las invitaciones, por lo que se les autorizó que asistieran a ambos compromisos, pero ya en condición de agentes especiales, con lo que todo quedó grabado.

Insistieron con Colchado no una, sino varias veces y, al sentirse “traicionados”, se le abrió por pedido presidencial un proceso en Inspectoría con suspensión del cargo.

Ya sancionado, Colchado volvió a ser invitado por Castañeda. Asumiéndolo desesperado, sus pedidos fueron más audaces. “Vamos a intercambiar figuritas”, le propuso el abogado de Boluarte. En otras palabras, le pidió información que pudiera perjudicar al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y a cambio le prometió que lo “perdonarían” y no lo pasarían al retiro en diciembre.

Con Franco Moreno, el tercero de los coroneles fundadores del equipo de apoyo al Eficcop, se optó por una nueva estrategia: citarlo a Palacio para el lunes 6 de mayo y amedrentarlo. “Hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace”, “¿Quién maneja la caja de la Diviac?”, “¡Es dinero del pueblo, coronel!”.

No lograron ni corromperlos ni amilanarlos para que dieran información reservada.

El jueves 9 de mayo nos enteramos de que el Gobierno había suprimido al equipo de policías que apoyan al Eficcop. Al día siguiente, supimos que se trataba de una venganza, porque, luego de varios días de evaluación, el juez había ordenado la detención del hermano y del abogado de la presidenta.

¿Cómo explicar esta sucesión de decisiones no solo ilegales, sino también torpes y contraproducentes? Al igual que con Pedro Castillo en circunstancias similares, tiene que haber influido el pánico de saberse descubiertos. Pero en ambos casos parecen haber influido también entornos turbios que susurran al oído: “Todos tienen un precio”.

Caro les está costando enterarse de que hay algunos que no lo tienen.

Coda: Para no creerlo. Renunció Walter Ortiz al Ministerio del Interior, el quinto de este gobierno, duró 44 días. ¡Total desgobierno en el sector seguridad!