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De un tiempo a esta parte, diversos miembros del Gabinete parecen estar más ocupados en formular críticas a quienes, desde el Ministerio Público o la prensa, buscan fiscalizar a la presidenta Dina Boluarte que en velar por los asuntos de su sector. Los problemas de inestabilidad política que afectan al Gobierno serían, de acuerdo con ellos, culpa de quienes ponen la lupa sobre determinados comportamientos sospechosos y no de quienes los desarrollan. A finales del mes pasado, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, atribuyó la reducción de la calidad crediticia del Perú por parte de S&P Global Ratings a “ese ruido político que perturba y afecta la imagen del país” y a las noticias que “ahuyentan” a los inversores.
¿A qué tipo de noticias y “ruido político” se refería? Quizás algunas declaraciones de los titulares de Educación, Vivienda y Defensa aclaren la idea.
El primero de ellos, Morgan Quero, sostuvo recientemente en “Punto final” que detrás de las acciones de la fiscalía contra el entorno de la mandataria existiría un plan para “socavar las bases de la gobernabilidad democrática para lograr una fractura institucional”. Es decir, un golpe de Estado. La responsable de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, a su turno, ha manifestado que “vivimos en la dictadura de la suspicacia”. “Basta que haya una especulación, un ‘habría’, para que se abran carpetas fiscales”, ha anotado. Y no menos solícito en la procura de justificaciones para las conductas presidenciales inquietantes, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, ha opinado que la visita que hizo la gobernante a la oficina de su abogado Mateo Castañeda después de que esta había sido allanada por el Eficcop y la Diviac “es normal”. “Estamos generando un ambiente no adecuado para la unidad nacional”, ha dicho.
Quizás los ministros podrían contagiarle algo de su locuacidad a la presidenta, que a diferencia de ellos ha optado por mantenerse al margen de un escándalo que la toca más íntimamente que a nadie en el Gobierno.