Editorial 1: ¿Chau, mentirosos?

Ayer culminó el plazo para las inscripciones de las listas de candidatos a las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre. Según cálculos del propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se habrían postulado unos 100.000 candidatos para alrededor de 12.000 cargos públicos. Y, ahora, la institución electoral enfrenta la compleja tarea de verificar que toda la información que se ha presentado sea real y exacta. 

Llama fuertemente la atención que, encontrándose frente a tan titánica tarea, la ley haya decidido complicar tanto la vida al JNE, reduciendo la posibilidad de los ciudadanos de presentar cuestionamientos a los candidatos y restringiendo sus propias capacidades para detectar irregularidades.

Por un lado, el plazo para que un ciudadano pueda presentar alguna tacha una vez inscrita la candidatura es tan solo de tres días hábiles. ¿Alguien realmente puede creer que sea posible armar un caso serio en tan poco tiempo? Por otro, el plazo que tiene el JNE para resolver estas tachas es también de tres días hábiles. ¿Se imaginan cómo el JNE podría resolver de manera eficiente y en un período cualquier tacha que resulte compleja?

Claramente, era necesario ampliar el calendario electoral para permitir y facilitar a los ciudadanos y al JNE su labor fiscalizadora. Y es que, además de todo, lamentablemente los partidos han demostrado ser incapaces para realizar este trabajo de control. A las pruebas nos remitimos: los suspendidos congresistas de la República Cenaida Uribe, Alejandro Yovera, Federico Pariona y Emiliano Apaza falsificaron datos en sus hojas de vida, lo cual se descubrió una vez que ya ocupaban su cargo en el Parlamento. 

Si queremos menos candidatos mentirosos, tenemos que ampliar las posibilidades de denunciarlos y del JNE de detectarlos.