Editorial 1: Donayre sin excusas

Ayer, la Sala Suprema Permanente del Poder Judicial ratificó la condena impuesta al congresista Edwin Donayre por el denominado Caso ‘Gasolinazo’ y dispuso que purgue cinco años de cárcel efectiva. Con esta decisión, la justicia no solo ha confirmado la culpabilidad del legislador, sino que también ha acabado con las excusas que se ensayaban en el Parlamento para evitar levantarle la inmunidad.

Como se recuerda, hace ocho meses la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia condenó a Donayre por el delito de peculado por haberse apropiado de manera ilícita de combustible asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur en el 2006. Desde entonces, no obstante, una trama congresal de origen diverso ha mantenido al legislador en su curul, con el argumento de que, para poder levantarle la inmunidad, hacía falta que recibiera una sentencia firme.

La pertinencia de esta posición, sin embargo, fue objetada en más de una ocasión por el Poder Judicial, que en noviembre del año pasado declaró de forma terminante que la sentencia no tenía efecto suspendido; es decir, no requería de segunda instancia para su ejecución.

Como hemos señalado repetidamente en esta página, tal circunstancia ponía en evidencia que el hecho de que Donayre conservase su libertad poco tenía que ver con una rigurosa interpretación de la ley de parte del Legislativo. Se sustentaba, más bien, en los intereses políticos de algunos de los sectores que lo integran, y que se beneficiaban de la incondicionalidad de un ‘voto rehén’ como el suyo.

La sentencia de ayer, empero, ha dejado a tales sectores de la representación nacional literalmente sin excusas. Ahora están obligados a permitir que, como cualquier otro ciudadano, Donayre se someta a la justicia.