:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/7BR64MLWKRAYLLW7BG53RY7NVM.jpg)
‘La Bestia’ se enfrentó al tráfico de Lima: la travesía del auto blindado que trasladó a Joe Biden
El domingo pasado, el presidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia en todo el país por 15 días, con el objetivo de limitar el contacto social y combatir la propagación del coronavirus, el agente patógeno que viene cobrando millares de vidas en el mundo y que ya ha infectado, hasta el cierre de esta edición, a 117 personas en nuestro país.
Se trata, como ha dicho el presidente, de una medida extrema y que demanda la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar su cumplimiento. Como se sabe, durante esta coyuntura atípica, muchos derechos individuales quedan suspendidos, como el del libre tránsito.
Lo extraordinario de la circunstancia exige responsabilidad de todos los ciudadanos, pero también mucho tino de parte de las autoridades que hoy ostentan facultades que normalmente no tienen. Aunque se hayan limitado las libertades individuales, el Estado de derecho permanece y no hay espacio para abusos o disposiciones absurdas.
Con eso en mente, medidas como la que dispuso el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, quien decretó “el cierre de fronteras distritales” procurando aislar su jurisdicción del resto de la capital, resultan incomprensibles y legalmente impertinentes. De hecho, consultado sobre la misma, el abogado Víctor García Toma la calificó como una ruptura del orden constitucional y ha precisado que la restricción al libre tránsito solo puede ser establecida por el presidente, por lo que el burgomaestre estaría arrogándose funciones ajenas a su investidura.
El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, fue meridiano, pues calificó la decisión, que originó caos a primeras horas del lunes, como “inconstitucional, ilegal e inoportuna” y la policía impidió el cierre de calles en La Molina. Pero la respuesta del Gobierno fue tibia, con el primer ministro Vicente Zeballos describiendo el hecho como “un exceso de buena voluntad”.
La verdad, no obstante, es que el caso del señor Paz de la Barra parece ser un claro ejemplo de funcionarios a los que les dimos la mano y terminaron agarrándonos el codo, aprovechando el pánico para pretensiones que les quedan grandes.
