En las últimas semanas han aumentado los casos de policías en actividad envueltos en delitos. No solo hablamos de efectivos involucrados en tráfico ilícito de drogas, sino también en organizaciones criminales para el secuestro y la extorsión. Solo la semana pasada, por ejemplo, la Inspectoría General de la Policía Nacional (PNP) inició una investigación a tres agentes acusados de participar en el secuestro de un empresario maderero.
Entre el 2013 y el 2015 la Inspectoría de la PNP sancionó a 2.361 policías, entre oficiales y suboficiales, por infracciones muy graves y actos de corrupción. De esa cifra, casi el 80% fue pasado al retiro por estar comprometidos en infracciones muy graves. Sin embargo, decenas de ellos fueron luego repuestos por órdenes judiciales y medidas cautelares. En ciertos casos el problema fue la deficiencia técnica de los expedientes; en otros, la colusión con malas autoridades jurisdiccionales.
Tenemos que recuperar el principio de autoridad de nuestra policía y este no surgirá de sanciones o regímenes fiscalizadores. Si bien son necesarios, no crean el respeto, la credibilidad, la confianza y el prestigio en los que se basa todo principio de autoridad.
Para recuperar el respeto de la gente y la confianza de la población, la PNP debe poner en primera línea el combate contra la corrupción en su interior. Debe convencernos de que va en serio el esfuerzo de depurar la institución y de llevar tras las rejas a los delincuentes que visten el uniforme para camuflarse y cometer abusos de autoridad.
La PNP no debe tener miedo a exponer los abusos cometidos por malos elementos dentro de la institución. Y debe pedir, más bien, la ayuda de la población en el rechazo a todo el que pretenda proteger u ocultar a estos efectivos.
Los casos de abuso policial no son pocos, ni tampoco la búsqueda de sobornos dentro de la organización. Tenemos que recuperar la confianza en la PNP, pero nuestros efectivos tienen que hacerse acreedores de ella.