Hace unas semanas, comentábamos en este Diario la lamentable situación de nuestros penales y cómo la sobrepoblación que padecen les hace imposible lograr que exista un mínimo de distanciamiento social entre los reclusos. Ello los convierte en espacios que favorecen la expansión del COVID-19 (una circunstancia que, además, se ha agravado con el empleo difundido de la prisión preventiva).
Y así como la pandemia ha hecho evidentes estos problemas en nuestras cárceles, también los ha hecho en otras áreas de nuestro sistema de justicia, donde la modorra burocrática que a veces las caracteriza, en una tesitura en la que se tiene que actuar con apremio, puede ser letal.
El caso que ha llamado la atención en los últimos días es el de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, encarcelada mientras se la investiga por el Caso Lava Jato. Hace 11 días, como se sabe, se modificó su orden de prisión preventiva a detención domiciliaria, para evitar el riesgo de que adquiera COVID-19. Pero aún permanece en el penal.
Según explicó la hermana de la investigada, la policía demoró más de tres días en ir a verificar las condiciones del lugar donde se quedaría la exburgomaestre, luego de que se subsanasen una serie de observaciones que se habían planteado. Recién ayer pudieron cumplir con revisar la vivienda.
Trances como el de la señora Villarán, sin embargo, se replican por todo el país y es evidencia de un sistema que se caracteriza por la lentitud con la que opera y que hace mucho reclama ser reformado. Y el contexto de la crisis sanitaria, como dijo Giovanni Priori en una entrevista a este Diario, puede ser una buena oportunidad para ello.
En efecto, el Poder Judicial y las instituciones que lo componen requieren una modernización urgente, donde las pilas de papel sean reemplazadas por data digitalizada y todos los procedimientos redundantes sean identificados y eliminados. Enfrentar esta situación, luego del freno que la emergencia ha significado para múltiples procesos judiciales, va a ser sumamente importante.
Eventualmente quizá nos lleve a una justicia que, además de imparcial y previsible, sea ágil.