Editorial 2: Imagen descolorida

Las asociaciones de empresarios del país no pasan por su mejor momento. A las grises perspectivas de crecimiento en diversos sectores de la economía se sumó hace pocas semanas la condena de Lelio Balarezo Young, presidente entonces de Capeco y segundo vicepresidente de la Confiep. Como se sabe, el empresario fue condenado a cinco años de cárcel efectiva por defraudación tributaria porque su empresa, Balarezo Contratistas Generales, adulteró 176 facturas de proveedores y omitió el pago de casi S/.7 millones.

Es justo reconocer que las asociaciones empresariales han tenido importantes avances en las últimas décadas. En cada vez más sectores, compañías de distintos tamaños se unen para preservar intereses comunes legítimos. Esta integración, sin embargo, no ha venido de la mano con algunas reformas estructurales necesarias. En determinados casos, por ejemplo, algunos gremios empresariales aún siguen sirviendo para promover una agenda mercantilista que socava la competencia en perjuicio de los consumidores y destruye los incentivos para ser más competitivos.

El caso de Balarezo, además, evidenció una preocupante ausencia de controles en los gremios que carcome la reputación de la clase empresarial dirigente. ¿O es que la revisión de hojas de vida, antecedentes judiciales y procesos abiertos deben ser solo para ostentar cargos en el sector público? Como indicó Ricardo Briceño, ex presidente de la Confiep, para que los códigos de ética de los gremios no sean letra muerta, son necesarias prácticas activas de monitoreo y evaluación. Ello estuvo ausente en el caso de Balarezo.

Finalmente, y más allá de la condición de clandestinidad de Balarezo, si en algo pudo haber sido positiva la condena del ex presidente de Capeco fue en demostrar que el sistema, en ocasiones, funciona. Por más peso económico o político que pueda haber tenido el ex vicepresidente de la Confiep, la condena del Poder Judicial invita a cuestionar la noción de que los peces gordos permanecen siempre impunes. En este caso, el Estado cumplió con su parte. Queda pendiente del lado del sector empresarial mejorar sus mecanismos de control interno y gobierno corporativo para evitar que casos como este vuelvan a dañar su imagen.