Editorial 2: Aquí también (faltó gobierno)

Hace poco más de un año, destacamos en esta página que los resultados electorales del 2016 junto con nuestro sistema constitucional habían colocado a Fuerza Popular, la organización con mayoría absoluta en el Congreso, en una situación de corresponsabilidad por el manejo del país durante el quinquenio 2016-2021.

Durante los primeros 12 meses, sin embargo, la bancada fujimorista actuó como si el mandato de emitir las normas más importantes del ordenamiento –con capacidad para influenciar, cuando no limitar, las políticas de gobierno– no le hubiera sido encomendado, y no solo se enfocó en su rol de control político… lo exacerbó y llevó hasta al extremo de deslegitimarlo con su ejercicio irresponsable.

Cada vez que un ministro de gobierno era convocado al Congreso, fue para atacarlo. “El ministro de la billetera que reparte como cancha” (Luis Galarreta al referirse al ex titular de Educación Jaime Saavedra) o el “amante de la apología al terrorismo” (Bienvenido Ramírez sobre el ministro Carlos Basombrío) son apenas un extracto de la actitud hecha costumbre en las sesiones de interpelación o censura, que quedó más expuesta que nunca con la divulgación del chat ‘mototaxi’, en el que encumbrados parlamentarios naranjas y su lideresa Keiko Fujimori se vanagloriaban del vapuleo al que sometieron a Jaime Saavedra. Un maltrato que no se quedó en lo verbal, sino que terminó en la arbitraria censura de un ministro que venía impulsando reformas en un sector fundamental para el país.

Los torpedos al Gobierno se dieron desde que fueron anunciados los ministros, se sucedieron con cada gesto mínimo (incluyendo hacer ejercicios antes de la sesión de consejo), los epítetos pasaron desde “ministros de escritorio” –como los calificó Keiko Fujimori– hasta comparar al primer ministro con “una especie de Montesinito” –en palabras de Luis Galarreta–. El diálogo con el Ejecutivo fue desdeñado múltiples veces y hasta la validez de los resultados de los comicios presidenciales (“tenemos dudas respecto al resultado […] jamás se investigó eso”, afirmó Rosa Bartra, 10 meses después de la segunda vuelta electoral) puesta en entredicho. Es decir, un talante que dista mucho de la madurez que se espera de quien aún aspira a ser gobierno.

En el ámbito legislativo, era de esperar que Fuerza Popular impulsara una agenda interesante de reformas que, además, programáticamente pudiera coincidir con las políticas de gobierno. Ello tampoco ocurrió. Irracionalmente, el partido naranja desaprovechó uno de los principales activos del legado gubernamental de los noventa, la economía de mercado y los postulados liberales plasmados en la Constitución de 1993. En su reemplazo floreció el populismo intervencionista y la irresponsabilidad fiscal, puestos de manifiesto con la ley –de inspiración ochentera– que sanciona con cárcel el “acaparamiento” y la “especulación” de precios, la que traslada a planilla a miles de trabajadores CAS de Essalud, la autógrafa que prohíbe el uso de leche en polvo como insumo para productos lácteos, o la que deroga el Decreto Legislativo 1333, que agilizaba los procesos de saneamiento, expropiación y acceso a predios, y ayudaría a destrabar cerca de US$47.000 millones de inversión en obras de infraestructura.

En contraposición, la bancada fujimorista más bien manoseó uno de sus más afrentosos pasivos, el desdén por la libertad de prensa, a través de iniciativas legislativas como la que proponía controlar quiénes pueden ser propietarios y directores de un medio periodístico y crear una veeduría de prensa, o la que creaba un impuesto a la prensa para financiar un seguro social del canillita.

En distintos momentos, no obstante, Fuerza Popular demostró a la opinión pública que podía actuar con sentido de responsabilidad; por ejemplo, durante la sesión del voto de investidura del Gabinete Ministerial o en las reuniones y ajustes que llevaron a la delegación de facultades legislativas. El tono dialogante y conciliador de la Mesa Directiva parlamentaria presidida por Luz Salgado también fue digno de resaltar, así como el reciente nombramiento de un contralor general de la República con un perfil técnico. Muestras positivas de un potencial que no tendría por qué ser explotado a cuentagotas.

El diálogo de hace unas semanas entre Keiko Fujimori y el presidente Pedro Pablo Kuczynski permite abrigar la esperanza de que, en lo que toca al partido que controla el Parlamento, se ha comprendido al fin que el éxito o fracaso del país hacia el 2021 es una factura que llevará también el nombre de Fuerza Popular.