Editorial 2: Supremo desatino

El sábado, en declaraciones a Radio Nacional, el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, investigado por su presunta pertenencia a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, lanzó duras críticas a la institución a la que pertenece (el Ministerio Público) y a la manera en la que el equipo especial Lava Jato viene conduciendo la investigación del caso que le da su nombre.

En concreto, el integrante de la Junta de Fiscales Supremos, además de asegurar que el Ministerio Público y el Poder Judicial están tomados por “gente que está interesada” en encubrir a Odebrecht e insistir en exigir el retiro de los fiscales liderados por Rafael Vela, se mostró contrario a la tipificación de los delitos que este grupo de trabajo ha decidido imputar a quienes investiga.

“Los que reciben [aportes] tenían que saber el origen delictivo [...] y, en consecuencia, no se va a poder calificar como lavado de activos”, dijo sobre los aportes de campaña por parte de las constructoras. Luego añadió que “el [pitufeo] es otro delito, porque ellos entregan plata, pero qué cosa dicen: ‘no quiero aparecer como donante’, porque obviamente tienen la expectativa de ganar obras en el futuro”. “Eso no es corrupción”, sentenció.

Más allá de las peculiares interpretaciones (por decir lo menos) del señor Gálvez y del asidero técnico que pudiesen tener, es evidente que darlas a conocer como lo hizo, por la naturaleza de su cargo y el hecho de que las investigaciones a las que alude se encuentran en curso al interior de su propia institución, es un desatino. Al fin y al cabo, sus declaraciones se asemejan más a las de un defensor de quienes son materia de escrutinio que a la tesis del Ministerio Público, donde es (todavía) una autoridad.

Tomás Aladino Gálvez, en suma, le está haciendo un flaco favor a la fiscalía con este tipo de declaraciones y, con el contexto de la investigación que se le sigue en su propia organización, cuesta interpretarlas como la manifestación de una legítima preocupación por el futuro del proceso.

Así las cosas es claro que el suyo es un caso que debe revisar con urgencia la flamante Junta Nacional de Justicia.