Editorial: ¿A qué juegan en el Gobierno?

Los vaivenes que rodearon anoche la continuidad del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, en el Gabinete Ministerial son doblemente ofensivos. Y, a decir verdad, resultarían hasta irrisorios si no fuera porque están vinculados con un tópico tan escabroso como lo es el del sanguinario accionar de Sendero Luminoso y la estela de muerte, dolor y zozobra que sus huestes regaron por todo el país con casquillos y explosiones, y porque hablamos nada menos que del propio Gobierno.

Decíamos que resultaban ‘doblemente ofensivos’ porque, por un lado, sostener en el puesto a un funcionario sobre el que cada día que pasa aparecen nuevos indicios que lo vinculan con la subversión o con sus herederos políticos es, ya de por sí, una afrenta hacia la ciudadanía (tan afrentosa, por cierto, como resulta la carta publicada pasadas las 10 de la noche de ayer por el propio Maraví en la que, para evitar renunciar, afirma que ha puesto su cargo “a disposición del señor presidente”). Y, por el otro lado, porque lo último que esperan los ciudadanos es que sus autoridades les den razones para desconfiar de sus propias palabras.

Como sabemos, en la tarde de ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, le informó al portal web Sudaca.pe que el ministro Maraví ya no continuaría en el Gabinete. Hay que destacar aquí que la pregunta formulada por el periodista fue muy clara (“¿Va a pedir la renuncia del ministro de Trabajo […]?”), y la respuesta de Bellido, también (“Sí, ya se la he pedido, hace [un] rato nomás”). Incluso si podría quedar algún rezago de duda sobre su contestación, el propio Bellido añadió líneas después: “Hemos evaluado el escenario político y hemos visto por conveniente esa salida”.

Así, quedaba claro que el jefe del Gabinete Ministerial le había ‘pedido’ la renuncia a su ministro de Trabajo (no ‘sugerido’ ni ‘evaluado’, sino ‘pedido’) y que, además, lo había hecho motivado por la coyuntura política; una coyuntura en la que –por si hace falta recordar– varios legisladores, incluyendo a la propia presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le habían solicitado que retire a Maraví luego de que el último domingo El Comercio difundiera que su nombre aparecía en un nuevo atestado policial (esta vez del 2004) en el que se formula denuncia penal contra él por el delito de terrorismo.

Pues bien, apenas horas después de difundida la citada entrevista, el titular de la PCM tuiteó: “Aclaro que, si bien es cierto he recomendado la renuncia del ministro de Trabajo, eso no significa que él haya renunciado”. Y el propio Maraví, poco después, comparecería ante la prensa a la salida de Palacio de Gobierno para ofrecer una declaración a la altura del tinglado que su permanencia ya había generado para ese momento: “Mi persona no ha presentado ninguna renuncia al cargo, más bien lo que acabo de hacer ahora es poner a disposición mi cargo ante el presidente”.

Toda la maraña anterior, además, se produjo en medio del silencio pétreo del presidente Pedro Castillo, quien hasta ahora no solo no se ha pronunciado sobre las sombras que se proyectan sobre uno de los ministros de su gobierno, sino que, frente a la cacofonía de mensajes contradictorios que recibían los ciudadanos de parte de dos de sus funcionarios con mayor jerarquía, no dijo una sola palabra. Por supuesto que dicho hermetismo no es novedoso, pues cuando su entonces canciller Héctor Béjar también se encontraba en el centro de los cuestionamientos (como ocurre hoy con Maraví), el mandatario tampoco se pronunció al respecto, ni para defenderlo ni para criticarlo. Pero que su mutismo sea reiterativo, como es obvio, no le resta un ápice de gravedad al caso.

Lamentable situación, sin duda, aquella en la que nos encontramos los ciudadanos, que ante un escenario gravísimo como el que atañe a la permanencia del ministro Maraví encontremos al frente a un Gobierno cuyo funcionario principal opta por el silencio y cuyo segundo más importante demuestra que sus declaraciones no son de fiar.