Editorial: Acto II

Hoy, importantes inversiones en diversos lugares de nuestro país se encuentran a la expectativa de lo que ocurrirá la primera semana de diciembre, en la que se espera se realice la segunda vuelta electoral y en la que participarán 14 regiones. Y se encuentran a la expectativa, ya que de los resultados de algunas localidades –en los que podrían ganar candidatos antimineros o ligados a la corrupción– dependería el futuro de muchos negocios. 

Así, por ejemplo, tenemos el caso de la región Puno. Uno de los candidatos que pasó a la segunda vuelta, Walter Aduviri (quien encabezó el ‘aimarazo’ contra la actividad minera en el 2011), es conocido por el recelo que le guarda a la inversión privada y ha asegurado que evitará que los yacimientos mineros “sean entregados al capital transnacional”. Incluso ha propuesto que la explotación de oro en esta región no sea realizada por el sector privado, sino por el gobierno regional, algo que atenta contra la Constitución, que prohíbe la actividad empresarial estatal allí donde, como en Puno, existirían privados dispuestos a hacerla. Con estas actitudes y propuestas, el señor Aduviri pondría en riesgo los proyectos mineros en dicha región, que se estiman en más de US$1.000 millones. 

Por otro lado, preocupa lo que podría suceder en la región Apurímac. Allí competirá por la presidencia regional Michael Martínez, candidato que también tiene una posición radical en torno a la actividad minera. Entre sus propuestas se encuentra la de realizar auditorías ambientales anuales a todas las empresas mineras de su región, pese a que estas ya están obligadas a cumplir exigentes normas ambientales y que el gobierno regional no tiene esa competencia. Lo cierto es que, lejos de ser algo positivo, estas supuestas auditorías constituyen una barrera adicional que estaría sujeta al poder discrecional y arbitrario de la autoridad regional, haciendo peligrar los más de US$12.000 millones comprometidos en inversión minera en la región. 

Si en Puno y Apurímac las inversiones y la actividad empresarial peligran por el radicalismo de sus candidatos, en otras regiones peligran por los vínculos que estos tienen con actividades ilegales. El caso de Madre de Dios, por ejemplo, lamentablemente parece ser ya una batalla perdida: los candidatos que han pasado a la segunda vuelta, Luis Otsuka y Simón Horna, son acérrimos defensores de la minería ilegal. Por otro lado, para Jaime Antezana, hay posibilidad de que en cinco de las catorce regiones que irían a la segunda vuelta electoral se elija a un presidente regional con posibles vínculos con el narcotráfico. Por ejemplo, Luis Picón Quedo, del movimiento Avanzada Regional Independiente-Unidos por Huánuco, quien tiene muchas posibilidades de ser reelegido presidente regional, es investigado por sus vínculos con el narcotráfico y por presuntamente haber cometido el delito de lavado de activos. 

A ello habría que sumarle los candidatos con procesos por corrupción pendientes. En Cusco el señor Benicio Ríos ha sido sentenciado a cuatro años de pena suspendida de la libertad e inhabilitado por el delito de peculado doloso simple por haber avalado el aumento de su salario de S/.3.500 a S/.6.666 ilegalmente. Si bien apelará la sentencia, podría no llegar a participar en las elecciones de diciembre. Por su parte, el encarcelado Kléver Meléndez, de la región Pasco, afronta un juicio por corrupción y diversos delitos contra la administración pública, en los cuales tendrá que responder frente a pruebas tan contundentes como a un audio en donde se le escucha negociar con dos empresarios para favorecerlos en la adjudicación de millonarias obras.

Ante esta situación solo queda que instituciones como el Ministerio Público y la contraloría estén con los ojos particularmente abiertos para detectar cualquier posible caso de arbitrariedades, corrupción o vínculos con el narcotráfico en caso alguno de estos candidatos sea elegido. 

El panorama para esta segunda vuelta, en fin, es desalentador y mientras no se realice una verdadera reforma del sistema electoral en nuestro país, los únicos responsables de tener autoridades probas al mando de nuestra región y de nuestro dinero somos, a través de nuestros votos, nosotros mismos.