![“La cámara resolvió que lo de Paolo fue una renuncia y haremos valer nuestros derechos”: Vallejo y los pasos que darán ante los rumores de su vínculo con Alianza](https://elcomercio.pe/resizer/v2/RU7NDC7CGFBOXBSH7RFJEFVCJ4.jpg?auth=744abfbbe962339a862b3fd725a2814be3723a56faa3051a9e84fc91d22d3235&width=85&height=85&quality=75&smart=true)
El jueves, Venezuela fue elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Si bien algunos podrían decir que esto se veía venir, no por ello resulta menos sorprendente que 181 naciones la apoyaran con su voto. En efecto, sorprende que prácticamente todos los miembros de la ONU crean que Venezuela es el país adecuado para formar parte del órgano encargado de mantener la paz y seguridad mundial.
Nosotros en cambio diríamos que, de hecho, es difícil imaginarnos una designación más equivocada. ¿O hay alguien que honestamente crea que el chavismo está capacitado para formar parte del ente de decisión más importante de una institución que –al menos en teoría– existe para promover la democracia, la paz y los derechos humanos?
En lo que toca a la democracia, la figura es aberrante. Basta recordar que el chavismo se ha perpetuado en el poder gracias a manoseos constitucionales que le permitieron a Hugo Chávez la reelección indefinida y gracias también a procesos electorales jugados sobre una cancha desnivelada por el Estado, en la que el gobierno se ha valido una y otra vez del enorme aparato asistencialista y propagandístico estatal que durante un buen tiempo financiaron los precios altos del petróleo –cuando no del acoso abierto a los opositores y del chantaje, por ejemplo, a los votantes que trabajan para el sector público-. O recordar cómo Maduro fue nombrado sucesor, desde su lecho de muerte, por el mucho más monárquico que bolivariano Chávez.
Y eso, para no hablar de la división de poderes. La misma que Chávez se ocupó de desaparecer desde los primeros años de su gobierno, legando a Maduro un Estado donde el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Órgano Electoral, el Congreso, la Defensoría del Pueblo y demás son todas partes del mismo gobierno. Por algo quien fuera la presidenta del máximo órgano de justicia venezolano (el mismo que se encargó de ratificar la validez constitucional de la sucesión de Maduro) declaró públicamente y para la posteridad: “La división de poderes debilita al Estado”.
La relación de la Venezuela chavista con la paz y los derechos humanos ha sido igualmente violenta. No nos referimos únicamente a las interminables violaciones de la libertad de prensa (aunque estas hayan supuesto, como bien lo recordó esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa, que todos los canales de televisión venezolana estén controlados por el gobierno y que los últimos periódicos independientes estén cerrando o reduciendo sus páginas, uno tras otro, ante la imposibilidad de acceder al permiso del gobierno para comprar divisas e importar papel). Están también los atentados contra los derechos humanos directamente relacionados con la libertad y la integridad física de las personas. En mayo de este año, por citar un ejemplo reciente, Human Rights Watch denunció que las fuerzas de seguridad venezolanas incurrieron en un ilegal uso de la misma contra los manifestantes opositores, incluso disparando a quemarropa a civiles. Además, numerosos detenidos en las protestas de principios de año no habrían visto respetados sus derechos procesales y habrían sido víctimas de abusos físicos. Entre estos detenidos, desde luego, figura el líder opositor Leopoldo López, quien hace ya diez meses fue llevado a su prisión elocuentemente en un coche que manejaba el presidente del Congreso, Diosdado Cabello.
Luego está el asunto de la paz internacional. Un tema para con el que el gobierno chavista ha mostrado su firme compromiso apoyando activamente a las FARC cuando estas aún cometían atentados en el territorio venezolano, y aliándose con regímenes como el de Muamar Gadafi, el de Bashar al Asad o el de los atómicos ayatolas de Irán.
Vale la pena subrayar que esto ha sido posible solo gracias a la complicidad de todos los gobiernos latinoamericanos, incluyendo, para nuestra vergüenza, al peruano. Todos respaldaron el ingreso de Venezuela y todos han hecho así lo suyo por legitimar al chavismo. O mejor, deberíamos decir “a la familia Chávez”, que en estos autoritarismos tropicales familia y Estado acaban fundiéndose en un mismo y único menjunje real-maravilloso: María Gabriela Chávez, hija del ex presidente y cuñada del actual vicepresidente, podrá, como actual embajadora alterna ante la ONU, ocupar el recién ganado sitio de su gobierno en el Consejo de Seguridad…
“Esta es una victoria de Hugo Chávez Frías, de su legado, de su memoria”, ha asegurado Maduro. Y nosotros, por primera y esperamos que última vez, no podríamos estar más de acuerdo con él.