Editorial El Comercio

Las sorpresivas acusaciones de frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones del 2021 son tan serias como inverosímiles. “Tengo toda la predisposición y voluntad de decir la verdad [...] además de declarar ante el Ministerio Público, a través de la doctora Zecenarro, de cómo el señor Pedro Castillo logró ganar las elecciones presidenciales, quien lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando la democracia, perjudicando a Rafael López Aliaga y a Keiko Sofía Fujimori, manipulando la voluntad popular”, dijo entonces Villaverde.

El empresario habló también sobre el origen ilícito de los US$20.000 de Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial, escondidos en el baño; sobre el rol de Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz, en los presuntos pagos a miembros del Jurado Nacional de Elecciones; sobre una supuesta coima de S/2 millones para el presidente Castillo por una licitación de biodiésel, entre otros puntos. A la fecha, para ninguna acusación ha ofrecido evidencia que la respalde.

Cualquier observador medianamente atento notará rápido que Villaverde ha sido muy locuaz en varios temas, excepto en aquellos que lo conciernen de forma directa. Villaverde cumple 24 meses de prisión preventiva en el Penal Ancón I mientras es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión en organización criminal por el Caso Puente Tarata III. De acuerdo con la lobbista Karelim López, Villaverde era el operador del presidente Castillo en la supuesta mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de la que participaba también el exministro Juan Silva.

Estas imputaciones contra Villaverde son secundadas por otro colaborador eficaz y por Jorge Luis Cortegana, ex director ejecutivo de Provías Nacional. Cortegana declaró que permaneció apenas 12 días en el cargo porque se rehusó a nombrar a Hugo Trece en el puesto de subdirector de Conservación Vial, a pesar de la insistencia de Villaverde. Tras su despido, el nuevo titular de Provías Nacional, Jorge Ñahue, nombró a Trece en el cargo deseado.

Como informó ayer la Unidad de Investigación de este Diario, bajo la gestión de Trece, Provías Nacional adjudicó contratos por S/632,8 millones a consorcios integrados por compañías chinas. Esto coincide con las acusaciones de López, quien indicó ante la fiscalía que empresas de ese país, como China Civil Engineering Construction, eran favorecidas por la mafia del MTC. Según López, Villaverde manejaba los puestos dentro de Provías Nacional y Provías Descentralizado, como demostraría el caso de Cortegana.

Villaverde, quien también habría sido cercano a los prófugos sobrinos del presidente Castillo, tiene un pasado oscuro. Entre sus antecedentes se cuentan condenas por robo agravado y por colusión. Su trayectoria criminal, las investigaciones que pesan hoy sobre él a propósito de su participación en el MTC y su incapacidad para proveer evidencia respecto de las acusaciones que formula en contra del presidente Castillo y allegados invitan inmediatamente a dudar de sus palabras.

Más que esclarecer hechos delictivos, las imputaciones de Villaverde parecen destinadas a otorgarle algún tipo de blindaje político mientras distrae la atención de los cargos que él mismo arrastra. Villaverde, por supuesto, debe tener la oportunidad de demostrar lo que dice saber. Pero mientras eso no suceda, cualquier dicho suyo debe ser tratado como de quien viene.

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