Editorial: La agenda de Miki

Entre las diversas reacciones que ha generado el pedido de facultades legislativas presentado el último jueves por el Poder Ejecutivo, una de las que más ha llamado la atención ha sido la del congresista de Fuerza Popular (FP) Miguel Torres.

En una reciente entrevista televisiva, el también presidente de la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso manifestó que le llamaba la atención que dentro del paquete de facultades legislativas solicitadas, el gabinete liderado por Fernando Zavala haya incluido la propuesta para crear una Procuraduría General del Estado. Una solicitud que cuestionó al afirmar que “parecería que ellos estuvieran compitiendo con la agenda [del Congreso]”, dado que “ellos [en el gobierno] salieron diciendo ‘caramba, qué buena iniciativa de la bancada de Fuerza Popular, de la congresista Yeni Vilcatoma’… ¿y luego presentan lo mismo?”.

El parlamentario se refería a un proyecto de ley en el mismo sentido de dotar de autonomía a la Procuraduría presentado por su compañera de bancada Yeni Vilcatoma, y que se encuentra en estudio en la comisión que el señor Torres preside. A esta iniciativa, de hecho, sucedieron algunas otras de corte similar, incluyendo dos más presentadas por la propia bancada fujimorista, que luego fueron retiradas, dando así un respaldo tácito al proyecto de la ex procuradora anticorrupción.

 La idea de crear una Procuraduría General libre de las injerencias políticas a las que se ha encontrado expuesta por depender del Ministerio de Justicia fue bien recibida por los representantes de varias bancadas parlamentarias y del gobierno, incluyendo a la titular del sector justicia, Marisol Pérez Tello. Un consenso que desde esta página saludamos con anterioridad, pero que no sorprendía si se tiene en cuenta, por ejemplo, que tanto FP como Peruanos por el Kambio (PPK) contemplaban la creación de esta entidad autónoma en sus respectivos planes de gobierno.

Lo que sí sorprende, en cambio, es la indignada reacción del congresista Torres. Después de todo, si existe concordia en la idea central de la creación de esta Procuraduría, jugaría a favor de sus intereses programáticos que esta propuesta avanzara y pudiera ser céleremente aprobada por el Ejecutivo vía un decreto legislativo.

Precisamente ahí radica la utilidad de la delegación de facultades: en permitir excepcionalmente que el Ejecutivo pueda legislar en asuntos de especial relevancia y urgencia, sin tener que transitar por todo el trámite parlamentario regular que incluye el estudio en comisiones, aprobación de dictámenes, y dos votaciones en el Pleno. Una facultad que se concede bajo un doble control por parte del Legislativo. El primero, al momento de delimitar cuáles serán las materias y límites que deberán respetar las facultades delegadas; y el segundo, cuando el Ejecutivo dé cuenta de cada uno de los decretos legislativos emitidos, los cuales podrían ser derogados por el Congreso.

Así las cosas, pareciera que no existe realmente un conflicto ni “competencia” entre la agenda del Ejecutivo y la del Congreso en esta materia. Salvo, claro está, que a lo que el congresista Torres se hubiera referido es a su propia agenda política y, en tal sentido, no quisiera compartir los reflectores con ninguna otra fuerza política, en lo que a este tema concierne. Una hipótesis que, lamentablemente, se vería reforzada por la relativa facilidad con la que sí estaría dispuesto a ceder facultades legislativas en asuntos de seguridad ciudadana, pese a que en dicha materia sí hubo sonoras discrepancias entre lo que proponían las dos agrupaciones que llegaron a la segunda vuelta de la contienda electoral. “Salvo el tema de seguridad, creo que los demás temas sí merecen una discusión”, afirmó en la misma entrevista que hoy comentamos.

Dada la importancia de su función legislativa y la comisión que preside en el Parlamento, sería aconsejable que el congresista Torres revise bien sus prioridades, para no confundir la agenda legislativa con su agenda partidaria o personal.