Editorial: Las agendas de la interpelación

Este Diario ha sido sumamente crítico con varios aspectos de la reforma educativa a nivel superior, impulsada y respaldada por el Ministerio de Educación (Minedu). Desde este espacio editorial hemos llamado la atención sobre las restricciones que impone la Ley Universitaria a los centros de educación superior para innovar y para adecuarse a la realidad de su mercado laboral relevante y el de sus estudiantes. Por otro lado, algunos especialistas en educación pública básica señalan que se ha avanzado muy poco en el nombramiento de docentes, el desarrollo del currículo nacional, la descentralización de las políticas educativas, entre varios otros aspectos. Finalmente, el rol de la escuela privada –que ofrece tanto potencial para la innovación– sigue siendo a lo mucho subsidiario en los planes del Minedu.

Ninguno de estos puntos de fondo ha sido incluido en las 18 preguntas del pliego interpelatorio que deberá enfrentar hoy Jaime Saavedra, titular de Educación, cuando asista a un hostil pleno del Congreso. En realidad, los cuestionamientos explícitos giran en torno a asuntos sobre los que parece más bien antojadizo convocar forzosamente a un ministro que estaba dispuesto a asistir y responder por propia voluntad. Si el retraso en la ejecución del presupuesto asignado o las compras irregulares por parte de personal de mando medio fueran causal de interpelación y de eventual censura, pocos ministros ostentarían el cargo por más de medio año.

Más burdos aún resultan los ataques al ministro por los contenidos de una guía de educación sexual que ni siquiera se encuentra vigente o por la designación de su esposa, Ana Cecilia Ames, como jefa del Departamento de Comunicaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) –esta última acusación a cargo del parlamentario aprista Mauricio Mulder–.

Aun cuando la interpelación a un ministro en el Congreso es parte de un procedimiento democrático legítimo, no deja, pues, de llamar la atención la debilidad de los argumentos de los que se valen Fuerza Popular, el Apra y Acción Popular para forzar la presencia del titular del Minedu. Peor aún, para cualquiera que quiera leer entre líneas los comentarios de algunos líderes fujimoristas como el congresista Héctor Becerril, parece obvio que la interpelación es solo un mero formalismo previo al objetivo real: la censura de Saavedra.

Si bien es cierto que una eventual censura no debería afectar en demasía las políticas de Estado que se siguen en materia educativa –el reemplazo del señor Saavedra debería continuar con lo fundamental–, también es verdad que la actitud arbitraria y desproporcionada del fujimorismo y compañía sienta un precedente preocupante. Vista así, la censura de Saavedra es, en el mejor de los casos, una demostración innecesaria de fuerza política. El equivalente a una flexión de músculo para exhibición y quizá amedrentamiento. Y, en el peor de los casos, parte de una agenda con intereses económicos detrás.

Contrariamente a lo que claman algunos opositores a la actual administración del Minedu, no es intención de este Diario poner a ministro alguno por encima del bien y del mal. Como hemos señalado, así como existen mejoras importantes e ineludibles en política educativa que se deben reconocer, también hay asuntos en la gestión del señor Saavedra que bien pueden ser materia de cuestionamientos.

Lo crucial aquí, sin embargo, es saber distinguir un ataque político con agenda velada de un legítimo ejercicio de fiscalización parlamentaria y control democrático. Lamentablemente, lo que estamos por presenciar el día de hoy en el pleno se trata indudablemente de lo primero.