Editorial: Agua al garete

En Puno, una de cada tres personas carece de acceso a agua mediante la red pública; y, entre quienes sí tienen acceso, el servicio está disponible apenas nueve horas al día en promedio. En Pasco, la continuidad de agua no llega a las tres horas por día y las familias con alcantarillado interconectado a la red pública son apenas la mitad. En Lima, cientos de miles de los ciudadanos más pobres pagan diez veces más por litro de agua, proveniente de camiones-cisterna, en comparación con quienes sí tienen conexión.

Los retos que se enfrentan en la provisión mínima de agua y alcantarillado para los peruanos urbanos no son pocos. No es un secreto que el sistema en las ciudades
–monopolio de las EPS– está desfinanciado, obsoleto y mal gestionado. Frente a ello, una de las recientes propuestas de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ha sido la aprobación de 12 nuevos estudios tarifarios que podrían implicar aumentos en las tarifas. En paralelo, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, se mostró a favor de sincerar los precios, y darle así suficiente margen financiero a las EPS para cubrir los costos de operación y mantenimiento del servicio.

La iniciativa es bienvenida. El metro cúbico de agua en Lima, por ejemplo, es significativamente más barato que en ciudades como Santiago de Chile o Bogotá, y este subsidio implícito a quienes ya tienen conexión termina por perjudicar a los más pobres, quienes ven cada vez más lejos el cronograma de obras que les daría acceso a la red pública. Si las tarifas son insuficientes para cubrir siquiera el mantenimiento de las operaciones actuales, ¿qué posibilidad hay de que cubran una expansión del servicio?

Y, sin embargo, el asunto va mucho más allá de un sinceramiento de las tarifas. Desde el 2013, por ejemplo, el porcentaje de agua no facturada en las EPS pequeñas, medianas y grandes no baja del 40%. ¿De cuánto sirve aumentar las tarifas si casi la mitad del agua no se paga? Y, aún cuando hubo plata, esta no se usó como se debía: la semana pasada la Sunass informó que, a pesar de contar con un fondo de S/60 millones, Sedapal “no ha puesto ni un sol en el Rímac”, lo que pone en riesgo la provisión de agua en la ciudad capital durante los próximos años.

El tema de fondo, así, sigue siendo la gestión pública del agua. En general, según la Sunass, al menos 47 de las 50 EPS tienen causales para entrar en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), un programa del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) para aquellas EPS que no son sostenibles. Es decir, casi todas las empresas públicas responsables del agua y alcantarillado en el país requieren más apoyo estatal para seguir operando.

En consecuencia, aunque el aumento de las tarifas sea necesario, el riesgo es que se use para maquillar una situación profundamente ineficiente y posponer una reforma integral necesaria, reforma que pasa por abrir el servicio a operadores privados con experiencia internacional en el sector y espaldas financieras para llevar a cabo las obras requeridas.

Sin embargo, en este campo, el gobierno ha dado pocas muestras –por lo menos hasta ahora– de voluntad política suficiente. Desde el presidente Vizcarra afirmando que “este gobierno no va a privatizar el agua” el mes pasado hasta el retroceso en el aumento de las tarifas de la EPS en Moquegua a raíz de la presión social, no parece ser esta una batalla –impopular pero necesaria– que la presente administración quisiera emprender. Si el apoyo al sinceramiento de tarifas es una muestra de cambio de rumbo, en buena hora; si es apenas un bálsamo más para un paciente grave como las EPS, será más de lo mismo.