Editorial: Ajustón de Correa

Esta semana diversos movimientos populares del Ecuador salieron a protestar en contra del régimen del presidente Rafael Correa, en una clara manifestación del descontento social que se vive en nuestro vecino del norte. Se trata de las mayores protestas que le ha tocado enfrentar desde que subió al poder en el 2007 y a las que se han sumado importantes líderes políticos opositores, como el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y el de Guayaquil, Jaime Nebot. 

A pesar de todo ello, Correa sigue siendo un presidente popular. Si bien su apoyo ha caído de 60% a 40% en los últimos meses, este continúa siendo muy superior al que otros mandatarios de la región –el nuestro incluido– pudieran siquiera soñar. Y, al parecer, Correa pensó que podía utilizar ese importante respaldo popular para realizar algunas reformas muy cuestionables al modelo económico y político de su país, en una maniobra que no daría la impresión de haberle salido como quería. 

Una de las más polémicas reformas que viene impulsando el mandatario es la incorporación de la reelección indefinida en la Constitución ecuatoriana, en la línea de lo que hicieron otros presidentes ‘bolivarianos’ como Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia, en su afán de perpetuarse en sus cargos. En combinación con procesos electorales controlados desde el poder para dar ventaja del postulante oficial, esta medida, como se sabe, produce regímenes nada democráticos. 

A esa enmienda, sin embargo, se suman otras de similar gravedad. Por ejemplo, la que propone reducir el poder de la contraloría para exigir cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos nacionales o la que autoriza a las Fuerzas Armadas a apoyar en la seguridad integral del Estado (ya no solo en la del territorio, como es actualmente). Además, a través de un cambio del artículo 384 del texto constitucional, se propone declarar  los medios de comunicación como un “servicio público”, lo que abriría la puerta a intervenciones del Estado –es decir, del gobierno– en salvaguarda del ‘interés público’. 

Por otro lado, el gobierno de Correa ha lanzado también un proyecto de ley para gravar las herencias (llamado sugestivamente ‘ley para la redistribución de la riqueza’). En este se ha planteado que los patrimonios heredados superiores a US$35.400  tributen de forma progresiva. Es decir, a mayor legado, mayor el porcentaje del impuesto a pagar, lo que ha desatado la reacción de empresarios, políticos y ciudadanos comunes y corrientes. En la exposición de motivos del citado proyecto se lee que “la acumulación desmedida de capital, fomentada por las grandes fortunas heredadas, produce desigualdades que quebrantan los cimientos de justicia social sobre los que se construye toda sociedad democrática moderna”. Una afirmación en la que cada consideración es objetable y que revela que la medida busca despojar a las personas que heredan patrimonios medianos o grandes antes que conseguir fondos para financiar las obligaciones del Estado.

Esta idea, tan presente en los regímenes que reivindican el socialismo del siglo XXI, de que la propiedad es un derecho accesorio y la riqueza un veneno que corrompe a las sociedades, no comprende que la solución al problema de estas últimas no es hacer que todos seamos igualmente pobres, sino que seamos, más bien, siempre un poco más ricos. Lo demás conduce a la envidia y a una confrontación como aquella en la que hoy vive envuelta la sociedad ecuatoriana. 

En vez de pensar en ajustar la correa intervencionista, el mandatario debería pensar en dar marcha atrás en sus medidas antes de que el ajustado sea él. Esto, además, debido a que la reciente caída de los precios del petróleo y el creciente déficit fiscal que vive el país  vuelven muy difícil el sostenimiento del modelo asistencialista y autoritario que ha promovido hasta ahora.

Precisamente “The Economist” le ha recordado al actual presidente ecuatoriano que, a diferencia de las tres personas que lo antecedieron en el cargo y no acabaron su mandato, él tiene la posibilidad de pasar a la historia como uno de los mandatarios relativamente más exitosos de Ecuador. Eso, claro, si su aferramiento al poder y su odio al mercado no amenazaran con echar todo por la borda.