Al archivo

Al gobierno del presidente Pedro Castillo y sus aliados políticos les es incómoda la manera en la que el poder está distribuido. Eso lo dejaron claro desde la campaña electoral del año pasado. Los motivos son, básicamente, dos. El primero es que existen diferentes organizaciones que, por su naturaleza, escapan al control del gobernante de turno. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República y la prensa independiente, cuatro instituciones ajenas al control partidario y que, en consecuencia, en algún momento reciente Perú Libre ha amenazado con cerrar o limitar. El segundo motivo es que las reglas de juego que rigen en el país distribuyen el poder también a través de libertades políticas y económicas para la ciudadanía. Y el Gobierno, sabemos, no es un entusiasta de ninguna de las dos.

No vino como una sorpresa, por tanto, que el Ejecutivo enviase hace dos semanas un proyecto de ley de reforma constitucional al Congreso para abrir la puerta a una asamblea constituyente. Este viernes, sin embargo, la iniciativa fue archivada por la Comisión de Constitución con votos de congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú, Renovación Popular y Alianza para el Progreso (APP). A pesar de que el propio mandatario y sus ministros habían declarado antes que una nueva Constitución no sería una prioridad, la precaria situación de su gobierno –de escándalo en escándalo cada semana y con una popularidad en caída libre– explica la presentación de una propuesta legislativa tan vistosa como improvisada.

En lo que viene siendo una impronta de esta administración, el Gobierno plagió una parte del proyecto de ley en cuestión (que luego el ministro de Justicia, Félix Chero, atribuyó a un “error de cita”). Pero ello, por supuesto, es solo una circunstancia anecdótica a la luz de lo que la propuesta implicaba en sí. Siguiendo los modelos utilizados en países como Ecuador bajo Rafael Correa, Venezuela bajo Hugo Chávez y Bolivia bajo Evo Morales, el Gobierno tenía la intención de impulsar desde el Ejecutivo una nueva Constitución que se ajustase más a su ideal de distribución –o concentración– de poder.

Ante el previsible rechazo que recibió de parte de la Comisión de Constitución, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que el asunto “termina allí”. Pero no es fácil creerle. No sería la primera vez, después de todo, que el Gobierno cambia de opinión sobre el asunto, más aún cuando Torres matizó su reciente derrota con una suerte de amenaza. “Ya veremos qué hará la población”, dijo a propósito del archivo de la reforma constitucional. Dada su orfandad de ideas y su vulnerabilidad política, es muy posible que tarde o temprano el Ejecutivo vuelva a sacar la amenaza de la asamblea constituyente de la chistera.

La Constitución del Perú, como cualquier otra, tiene mecanismos de enmienda que –de hecho– han sido ampliamente utilizados. Desde este Diario, además, creemos que es importante desarrollar un debate serio sobre reformas constitucionales como la relación entre poderes del Estado, la bicameralidad, la reelección de congresistas y autoridades subnacionales, la reducción de los distritos electorales, entre otros puntos que mejoren la representatividad y la calidad de la política. Todo eso se puede lograr al amparo de la Carta Magna actual.

Cambiar la Constitución no va a solucionar los groseros problemas de gestión y corrupción que se encuentran en el sector público. Estos preceden al presidente Castillo, pero han sido llevados al extremo por su administración, y ninguna Constitución nueva puede ocultarlo. Lo demás son excusas para distraer, dividir y confrontar, en lugar de ponerse a trabajar para solucionar los problemas que agobian a los peruanos.