Ayer, el Ministerio Público intervino 41 inmuebles como parte de la operación Los Pequeños II, a propósito de la investigación que le sigue a ‘Los Niños’, el grupo de parlamentarios a los que se les imputa haber transado con el expresidente Pedro Castillo a cambio de que lo blindasen del control político ejercido por el Congreso. La operación fue autorizada por el juez Juan Carlos Checkley e involucra viviendas y oficinas de 18 legisladores.
De Acción Popular hablamos de Silvia Monteza, Wilson Soto, José Arriola, Edwin Martínez, Luis Aragón, Marleny Portero, y a ellos se suman Carlos Zeballos (Podemos Perú) y Carlos Enrique Alva (no agrupado), todos elegidos por el partido de la lampa. Del Bloque Magisterial estuvieron incluidos Pasión Dávila, Germán Tacuri, Francis Paredes, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz y Édgar Tello. De Perú Libre, Américo Gonza y los legisladores elegidos por ese partido Óscar Zea, Katy Ugarte y Betssy Chávez (hoy suspendida).
Como se sabe, el mote de ‘Los Niños’ fue dado a conocer por Karelim López, y se refería a un grupo de padres y madres de la patria (apenas seis en ese entonces) que obedecían, a cambio de favores, al expresidente golpista. Las pesquisas buscan precisar la escala del contubernio entre estos congresistas y Pedro Castillo, el mismo que le habría servido al dictador para sortear trances como el de la vacancia presidencial. Sin embargo, dados los últimos acontecimientos, y la importancia de conocer la catadura moral de quienes aún pretenden representarnos, conviene recordar lo que hasta ahora se ha ido revelando al respecto.
Según ha relatado un colaborador eficaz de la fiscalía, por ejemplo, el 29 de diciembre del 2021 –cuando faltaba menos de un año para el zarpazo del vecino de celda de Alberto Fujimori–, algunos de ‘Los Niños’ se reunieron con el entonces mandatario. Allí él les habría pedido que no respaldasen ningún intento de vacancia en su contra o de censura contra alguno de sus ministros y ellos, en contraprestación, le habrían reclamado el manejo de ciertos ministerios y oficinas públicas descentralizadas, así como la colocación de algunas personas en cargos públicos. Así, siempre según el colaborador, personas como Katy Ugarte y Francis Paredes habrían deslizado los CV de algunos de sus allegados y Pasión Dávila habría solicitado la designación del prefecto de Pasco, Wilfredo Osorio Leano, hecha efectiva el 25 de abril del año pasado.
Con el tiempo, la lista de ‘Niños’ ha crecido, y ha llegado a incluir a más de 20 parlamentarios. Al comienzo, como se recuerda, los únicos sindicados eran Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Ilich López, Juan Carlos Mori y Jorge Luis Flores, todos de Acción Popular, pero ahora están incluidos todos los antes mencionados.
El caso, es evidente, aún da para más y será importante que el Ministerio Público aclare todas las dudas que pueda haber al respecto. En fin, lo que se les imputa a estos parlamentarios no es menor, pues al hecho de haberse vendido a un jefe del Estado tendiente al autoritarismo y entregado a parasitar el Estado con criminales e incompetentes, se suma la traición a sus deberes para con la ciudadanía. La idea de que se intercambie el ejercicio de la fiscalización por un par de favores personales, antes de ser criminal, es despreciable y confirma todas las suspicacias que puede tener la ciudadanía respecto de sus autoridades.
Y en el Congreso, la sanción a ‘Los Niños’ demora o nunca llega. Es el caso, por ejemplo, de los legisladores Vergara y Flores, cuyas suspensiones ya han sido recomendadas por la Comisión de Ética, pero aún no son agendadas para su discusión en el pleno.
El reciente allanamiento a la guardería llevado a cabo por el Ministerio Público es un paso importante. Pero la justicia solo llegará cuando se logre aclarar quiénes fueron los congresistas que abdicaron de sus funciones para someterse a un dictadorzuelo, y a cambio de qué lo hicieron.