Editorial: Amenazas regionales

Este 5 de octubre los peruanos elegiremos, entre otras autoridades, a los próximos presidentes regionales. Dado que el futuro del país evidentemente dependerá mucho del desempeño de aquellos que salgan elegidos, tendríamos que estar muy preocupados de que en varias regiones se perfilen como posibles ganadores personajes con un fuerte sesgo antiminero, pues esto podría terminar desembocando en la parálisis de importantes proyectos. Parálisis, agregaríamos, que se traduciría en una importante traba para el desarrollo del país y para el regreso a las tasas de crecimiento a las que estábamos acostumbrados. La minería, después de todo, paga alrededor de un tercio de lo que recibe el Estado por concepto de Impuesto a la Renta, y de ella dependen unos 2,5 millones de peruanos (si consideramos a las familias que esta emplea directa o indirectamente).

Así, por un lado, inquieta que Gregorio Santos sea uno de los favoritos para ganar en Cajamarca. De su oposición a la minería no es necesario decir mucho, y bastaría quizá recordar que consiguió paralizar el proyecto Conga, que –como se demostró– no representaba amenaza ecológica y que es el proyecto que más recursos hubiera podido traer a la región en su historia. Actualmente, en cambio, la región está pasando por una fuerte recesión y más de 50% de su población está por debajo de la línea de pobreza.

En Puno uno de los favoritos es Walter Aduviri, quien en el 2011 encabezó el ‘Aimarazo’ contra la actividad minera en la región (en el que incluso se quemaron varios edificios de instituciones públicas) y quien ha asegurado que “no habrá minería en el sur de Puno”. En su actual plan de gobierno, busca evitar que los yacimientos “sean entregados al capital transnacional” y propone que la explotación de oro sea hecha por el propio gobierno regional. Su iniciativa no solo atenta contra la Constitución (que prohíbe la actividad empresarial estatal allí donde, como en Puno, existirían privados dispuestos a hacerlo), sino que su actitud antiinversión privada amenaza con espantar a todo potencial proyecto minero en la región. A la vez es fácil imaginar, en un país donde la corrupción es pan de cada día, dónde iría a parar mucho de ese oro...

Michael Martínez, fuerte candidato a la región Apurímac, ha decidido, por su parte, establecer mayores requisitos a las mineras (entre ellos, una auditoría ambiental anual que sería presentada al gobierno regional para su análisis). Así, se impondría una innecesaria barrera adicional a las empresas que ya tienen la obligación de demostrar que respetan las normas ambientales. Al mismo tiempo, se estaría creando entre los inversionistas una enorme incertidumbre, pues en la práctica el gobierno regional tendría un poder arbitrario para decidir si considera que la minera cumple o no con los requisitos para su desarrollo.

Zenón Cuevas, contrincante por Moquegua, participó por su parte en el ‘Moqueguazo’  del 2008 y sobre él pesan aún sospechas de estar en contra de la inversión minera.

Ahora bien, el peligro que representan estos candidatos que parecerían decididos a trabar la minería formal y responsable para el país cobra nuevas proporciones cuando recordamos que en tres de las regiones citadas están en juego inversiones multimillonarias. En Cajamarca, además de Conga (US$4,8 mil millones), está el proyecto Galeno (US$2,5 mil millones); en Apurímac tenemos Las Bambas (US$5,2 mil millones); en Moquegua, Quellaveco (US$3 mil millones). Y esto solo por mencionar los multimillonarios...

Que en varias de nuestras regiones pueda peligrar la inversión minera formal debería alertar al Estado de que tan crucial como aligerar la asfixiante sobrerregulación minera es informar a la ciudadanía que la minería responsable es vital para el crecimiento del país y de los peruanos. Una manera de hacerlo es incentivando y promocionando las obras por impuestos, que permiten que los habitantes de las zonas donde operan las empresas puedan aprovechar directamente (y de manera eficiente) los beneficios de los impuestos pagados por estas compañías. Además, el Estado debe combatir, también con información, todas aquellas mentiras que puedan esparcir quienes estén contra la inversión minera. 

Por otro lado, el gobierno debe también estar listo para hacer respetar el Estado de derecho cuando sea necesario. Ya sea abogando por la unidad del fuero (recordemos, por no ir muy lejos, la inconstitucional ordenanza con la que el gobierno de Cajamarca pretendió atribuirse competencias nacionales al declarar injustificadamente  inviable el proyecto Conga) o luchando por la defensa de la ley allí cuando se busque con violencia (como también sucedió en Cajamarca) pasar por sobre esta. Solo así podrá afirmar el Estado estar haciendo realmente todo lo que está a su alcance por el desarrollo del país.